Una reciente información señala que un proyecto del gobierno de La Libertad Avanza, es reflotar la antigua Secretaría de Inteligencia del Estado, más conocida por su sigla SIDE.   Se trató del servicio de inteligencia más importante de la República Argentina hasta el año 2015, en que fue disuelta por un decreto de la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; en ese momento sus competencias fueron diluidas, entre la Procuraduría General de la Nación (a la que se trasladó La Dirección de Observaciones Judiciales, encargada de la interceptación bajo orden judicial del sistema telefónico), y la en ese entonces creada Agencia Federal de Inteligencia o AFI.  Al subir al rango de Secretaría de Estado, el sistema nacional de inteligencia va a tener mayores competencias administrativas, mayor presupuesto y un acceso más directo al gabinete nacional.

Ahora, estas operaciones no parecen ser tanto la aplicación de algún criterio de eficacia de la gestión pública, sino que más bien, en línea con el uso político interno del sistema de inteligencia estatal por muchas administraciones. Bien podría tratarse de mejorar la capacidad de obtener información de índole privado o de fuentes de dudosa legalidad, para el control de funcionarios, y magistrados.

Esta administración, con no más de seis meses de gestión, tiene ya un conflicto que derivó en el despido de Nicolás Posse como Jefe de Gabinete, al señalarse que "casi ningún funcionario de primera línea del gobierno de Javier Milei se anima a desmentir en privado que el desplazado jefe de gabinete Nicolás Posse tenía montado un operativo de espionaje interno a través de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con figuras destacadas de la gestión bajo la lupa, entre las que se cuentan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello".

La función central de un servicio de inteligencia estatal, es proveer a los organismos de seguridad y a la justicia, de información acerca de procesos que pueden ser lesivos de nuestra soberanía, y que involucran no solo a nuestra nación, sino a otros estados, como el terrorismo internacional, el delito complejo y la expansión de bandas criminales de otras naciones hacia la Argentina, la intervención de terceros países en nuestros procesos electorales, etcétera. Esa es la función primaria que puede tener un servicio de inteligencia en una nación como la nuestra. Sin embargo, hasta la propia gestión de este gobierno, incluida la labor de los servicios de inteligencia, parece estar centrada en otra cosa, en obtener información que, en última instancia, correspondería a la prensa del corazón, para el ejercicio de lo que se ha denominado en sentido vulgar "carpetazos", o sea, conseguir información confidencial sobre la vida privada de alguna persona que sirva para manipularla cuando esté en una función pública, o cuando se tiene que hacer un convenio y de ese modo obtener beneficios.

Recordemos que nuestro servicio de inteligencia no logró ningún dato, ninguna información relevante en el caso del atentado a la Embajada de Israel, o el atentado a la AMIA, o la brutal expansión de los carteles de droga mexicanos y brasileños en la Argentina.

La reforma de los servicios de inteligencia es una labor compleja, en donde tiene que tener un rol central el Poder Judicial, y especialmente la Corte Suprema de la Nación, así como el Poder Legislativo, y debe ser hecha en un proceso de consulta amplio con todos los sectores políticos y sociales, teniendo como único objetivo la defensa de la seguridad ciudadana de la nación.

Pero los antecedentes del empleo de los servicios de inteligencia estatal que ya ha mostrado esta administración, lo único que hacen prever es que la creación de una estructura más compleja y más dotada de recursos, no tendrá otro fin que es la vigilancia de la vida privada de las personas con fines políticos.