¿La cuestión de Malvinas en el conflicto ruso-ucraniano? Posibles derivas de una política exterior errática
La política exterior de una nación es el área más difícil y más compleja de todas las políticas estatales. Exige un funcionariado muy bien formado, como es el caso del servicio diplomático argentino que se forma en el ISEN (Instituto del Servicio Exterior de la Nación), una vez que tienen una formación de grado. Al mismo tiempo, dado que el sistema político internacional es muy dinámico y puede estar sometido a cambios bruscos, las decisiones de política exterior exigen una prudencia muy extrema. El actual gobierno del licenciado Javier Milei no parece haber comprendido en toda su dimensión esta cuestión, y ha precipitado a la República a unas relaciones en las cuales, sus vínculos personales con algunos aliados ideológicos en el exterior, contaminan e incluso se confunden con los vínculos políticos de un estado respecto de otros, lo cual ha creado problemas, y amenaza crear problemas aún mayores. Y ello se suma a la actuación de por lo menos una opaca ministra de relaciones exteriores que parece ir acomodando los paquetes que se caen en esta curiosa combinación de viajes personales y diplomacia.
Y en esto, puede aparecer una cuestión especialmente preocupante. Recordemos que la República Argentina ha tomado una suerte de franca armonía hacia el Reino Unido, lo que ha comenzado con declaraciones muy elogiosas de Milei hacia la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, y siguieron con declaraciones poco firmes y comprometidas respecto al contencioso que la República Argentina tiene con el Reino Unido respecto de la ocupación ilegal de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur.
En el día 30/05/24 los países de la OTAN, cambiaron su política anterior respecto al empleo armas ofensivas de origen occidental, provistas inicialmente a Ucrania con fines defensivos en su territorio, pero ahora para atacar objetivos interiores a la Federación Rusa. Se trata de una peligrosa deriva de este conflicto que aleja las posibilidades de interceder en un acuerdo de cese de fuego y en posteriores negociaciones.
Pero de acuerdo a lo que es lógico esperar, el gobierno de la Federación Rusa no dejó pasar la cuestión, y consideró que el empleo de tal armamento supone un involucramiento directo de las naciones de la Alianza Atlántica casi en el límite de configurar un estado de guerra no declarada. Y por consiguiente respondiendo a declaraciones del ministro de relaciones exteriores británico David Cameron en su reciente visita a Kiev, capital de Ucrania, quien declaró que ""tiene todo el derecho de contraatacar a Rusia" y que Londres no puso "salvedades" sobre cómo las fuerzas ucranianas utilizan las armas suministradas por Gran Bretaña, el gobierno ruso declaró en respuesta que podrá atacar "...cualquier instalación y equipo militar del Reino Unido en territorio ucraniano y más allá.". Y eso incluye las instalaciones militares que el Reino Unido ha construido y está expandiendo en las cercanías de Puerto Argentino en las Islas Malvinas.
Esta declaración del gobierno ruso, es una advertencia y no es una declaración formal de guerra contra el Reino Unido, pero una advertencia supone que en algún escenario posible del futuro puede haber una expansión extra europea de ese conflicto y nos involucra directamente a nosotros, porque los territorios argentinos ocupados ilegalmente por el Reino Unido serían objeto de ataques. Por ello es claro que la Argentina tendría que fijar desde ahora mismo en el plano de su política exterior un total y absoluto rechazo a cualquier empleo de las armas de los países de la Alianza Atlántica contra objetivos internos a la Federación Rusa. Cualquier otra indefinición o vaguedad supone que de alguna manera Argentina como nación, estaría avalando siquiera tácitamente estas acciones. Pero no nos beneficiaría nada respecto a cualquier resolución sobre nuestros intereses en el Atlántico Sur.
Cualquiera que tenga información mínima sobre política exterior sabe que la República Argentina, que tiene pretensiones soberanas en la Antártida, necesita que cualquier renovación del Tratado Antártico preserve dichas pretensiones, y también entenderá que la Federación Rusa tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con lo cual puede bloquear cualquier proyecto de resolución aunque sea que haya sido votado por una inmensa mayoría de los miembros en la Asamblea General.
Por consiguiente, no parece ser una buena defensa de nuestros intereses estratégicos en política exterior una indefinición en un tema tan delicado y que exige cierta urgencia y no dejar la deriva de los acontecimientos al azar o peor aún la improvisación.