A partir del proyecto conocido como "No llame" se intenta preservar a los usuarios de telefonía celular y fija de las publicidades no deseadas e invasivas.  La iniciativa recibió el dictamen unánime en tres comisiones de la Cámara baja, y podría ser convertida en ley en la próxima sesión ordinaria, ya que cuenta con sanción del Senado.

La decisión  se adoptó durante el plenario de las comisiones de Comunicaciones, Legislación Penal y Defensa del Consumidor, donde las fuerzas políticas consensuaron aprobar esta ley.

El dictamen de la comisión establece la creación del Registro Nacional “No Llame”, que permite al usuario no recibir publicidad ni ofertas no solicitadas a través de su celular. De esta manera se crearía un registro de toda persona física o usuario autorizado que “manifieste su voluntad de no ser contactada por quien publicitare, ofertare, vendiere o regalare bienes o servicios”.

La iniciativa que "protege a titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados”.

El presidente de la comisión de Comunicaciones, Mario Oporto, destacó "el consenso logrado entre todas las fuerzas políticas" para poder avanzar en este proyecto, para que "los usuarios que se anoten en un registro no reciban ningún tipo de publicad en sus celulares".

Además expresaron su satisfacción y consenso  las titulares de las de Defensa del Consumidor, la radical Patricia de Ferrari, y de Legislación Penal, la macrista Patricia Bullrich.

La inscripción al registro debe ser gratuita, por medios sencillos y eficientes; y que, luego de ser registrado, el cliente tiene derecho a obtener una constancia de dicha inscripción. La duración en el Registro, que dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será de dos años, y la baja se podrá realizar en cualquier momento.

Las empresas prestadoras de servicios telefónicos y los call center deberán actualizar las nóminas de los usuarios registrados cada 30 días.

Quedan exceptuadas- es decir que podrán seguir siendo recibidas las llamadas que contemplen-  campañas de bien público,  llamadas de emergencia pública, electorales y aquellas  que deben ser realizadas por razones contractuales, estás últimas en `horarios razonables`, según señala el texto del proyecto.