Con 142 votos a favor sobre 81 en contra, el Frente para la Victoria, los aliados y el PRO, aprobaron la iniciativa en Diputados.  Fue enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Los edificios son el ex Casino de Oficiales, el Pabellón Central, la Imprenta, el Taller Mecánico, el Pabellón Coy y la Enfermería de la ex ESMA y también los espacios donde funcionaron los ex centros clandestinos Automotores Orletti, Club Atlético, Olimpo y Virrey Ceballos.

En la apertura del debate, la diputada kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (presidenta de la comisión de Legislación General) aseguró que "muchos argentinos se anoticiaron de que existieron estos centros clandestinos por la política del Estado Nacional" instrumentada por el ex presidente Néstor Kirchner.

Al exponer como miembro informante del oficialismo, la diputada por Mendoza y perteneciente a la agrupación "La Cámpora" dijo que desde el 2003 se "tomó como política de Estado, de una vez y para siempre, la defensa de los Derechos Humanos, defensa por la que lucharon los organismos durante más de 20 años y que con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia, vieron como de a poco se hacía realidad".

Desde el radicalismo, Ricardo Alfonsín cuestionó a diputados del oficialismo y aseguró que su padre y ex presidente Raúl Alfonsín "promovió el juicio a las juntas cuando el peronismo en su campaña electoral había impulsado una autoamnistia".

Al justificar también su voto en contra, el diputado de Unidad Popular, Víctor De Gennaro, sostuvo que "por el traspaso de los edificios del Instituto Espacio de la Memoria hay un compromiso claro entre el Gobierno Nacional y el Pro para terminar con esta experiencia de autonomía. La autonomía, la democratización de la estructura estatal es clave, la democracia no le pertenece a un partido, es parte de la lucha popular del pueblo”.

Por el bloque Unión Pro, su presidente, Federico Pinedo, defendió el acuerdo y pidió a los presentes un “diálogo abierto para tener una historia común, más allá de los enfrentamientos partidistas”.

Por el oficialismo, el presidente de la comisión de Derechos Humanos, Remo Carlotto dijo que acá "se discute la administración de los predios" al gobierno nacional que "instrumentó una política de derechos humanos reconocida en el mundo" y rechazó las críticas de la oposición al afirmar que "es una vergüenza que la ensucien".

"Nosotros reivindicamos la construcción de la memoria colectiva y estamos orgullosos porque hubo decisión política, estamos en ese camino y lo vamos a profundizar y vamos por los juicios por todos los niveles de responsabilidad. Es una política de estado y deben comprometerse todos los bloques", agregó.

Por su parte Horacio Pietragalla, diputado hijo de desaparecidos, defendió la política de derechos humanos del gobierno y retrucó a la diputada de Libres del Sur Victoria Donda, quien criticó el traspaso y la disolución del Instituto de la Memoria.

La diputada del FAP, también hija de desaparecidos, acusó al oficialismo de “querer hacer desaparecer el Instituto Espacio para la Memoria” y remarcó que el "Poder Ejecutivo nacional quiere hacerse cargo de la ex ESMA porque es el único centro clandestino de detención que no puede controlar”.

Esta intervención generó la reacción de Pietragalla, quien expresó que “parte de los organismos de Derechos Humanos que forman parte de ese predio no respetan la pluralidad y la democracia”.

En el cierre del debate, el kirchnerista Juan Cabandié, también hijo de desaparecidos, dijo que "estos predios no son patrimonio de los organismos de derechos humanos ni de un partido en particular, son del conjunto de los argentinos, del Estado, que tiene que bregar por la construcción de la memoria".

"Antes del 2003 el tema de los derechos humanos no estaba en la agenda de ningún partido de los que hoy votan en contra. Algunos conocieron ayer el tema de los derechos humanos; bienvenidos entonces los que llegaron tarde", ironizó.

Y agregó: "a los que nos quieren correr por izquierda les digo que me asombra que todo el mundo pueda decir barbaridades de nuestro Gobierno, y cuando nosotros opinamos dicen que somos autoritarios".