El Inadi intervendrá en el caso del abusador beneficiado con la reducción de penas
El organismo avisó que actuará “de oficio” en el caso del hombre al que le redujeron su condena por abusar de un niño de 6 años, al tiempo que recordó los antecedentes de los jueces correspondientes.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) confirmó que intervendrá "de oficio" y "hasta las últimas consecuencias" en el caso del hombre al que, con el argumento de la presunta orientación sexual de la víctima, le redujeron la pena por abusar de un niño de 6 años.
Además, el organismo recordó que los jueces Sal Llargués y Piombo, que emitieron este fallo, "son los mismos que redujeron la pena de un pastor evangelista que había abusado de dos niñas" porque "estaban acostumbradas a tener sexo a corta edad".
"En esa ocasión el Inadi se pronunció señalando el carácter manifiestamente discriminatorio de semejante decisión, y posteriormente la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires la anuló utilizando los argumentos del Instituto", expresó Inadi.
Por su parte, Pedro Mouratian, interventor del organismo, remarcó que “llama poderosamente la atención que sean los mismos jueces los que vuelven a fallar responsabilizando a las niñas o niños víctimas por los abusos sexuales sufridos”.
De esta manera, el interventor aseguró que Inadi va a actuar "hasta las últimas consecuencias para que este inaceptable criterio, en caso de corroborarse, sea revertido en la misma causa, y para que los órganos de control de la conducta de los jueces investiguen eficazmente el comportamiento de ambos magistrados, determinando las responsabilidades correspondientes”.
“En este caso se encuentra en juego el derecho fundamental del niño a la protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres", explicó Mouratian, al tiempo que precisó que el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño indica que ese derecho debe ser respetado y garantizado por el Estado.