El flamante presidente del CFCA, Ignacio Golobisky, criticó este viernes la decisión del juez Claudio Bonadío de allanar las oficinas de AFSCA.

"Se parece más a un show mediático y efectista que a una medida judicial efectiva destinada a llegar a la verdad objetiva. Es la única forma en la que se puede interpretar un allanamiento que se podría haber evitado enviando un simple oficio a la repartición estatal", sostuvo el titular del organismo creado por la Ley de Medios para controlar al AFSCA y asesorar en materia de comunicación audiovisual.

"Evidentemente estamos frente a una componenda entre el Grupo Clarín y un sector corporativo del Poder Judicial, que cuenta con la mirada complaciente de las futuras autoridades nacionales en el ámbito de las comunicaciones que quieren avanzar de manera ilegal y prepotentemente sobre las conducciones de Afsca y RTA", agregó Golobisky.

En tanto, el vicepresidente en ejercicio, David Furland, coincidió con Golobisky y aclaró que "la ley 26.522 dice que los mandatos de los directores duran 4 años y se alternan con las presidenciales, intercalando 2 años con un gobierno saliente y otro entrante", dijo. Y agregó: "El CoFeCA es el único organismo que puede, mediante una causa fundada y asegurando el derecho de defensa, destituir a los miembros del directorio de AFSCA".

Por su parte Osvaldo Francés, vicepresidente en el segundo período, subrayó: "Desde el Consejo Federal tenemos la obligación de defender la Ley y la institucionalidad".

Esta semana el plenario del Consejo emitió una declaración donde se exigió "a quién llegó al poder prometiendo calidad institucional y respeto absoluto por la legalidad, no avanzar en contra de lo que él mismo propuso como valores de su campaña", señalaron en el comunicado. "Consideramos imprescindible ajustarse​a la institucionalidad y no anteponer a la legislación vigente intereses corporativos", continúa el mismo.

El Consejo Federal es un órgano plural integrado por representantes de los gobiernos provinciales, los medios con y sin fines de lucro, los medios públicos, las universidades, las gestoras de derechos, los trabajadores organizados del sector y los pueblos originarios.