A través de un comunicado, la cartera destaca que "todos los concursos se realizaron en forma pública, transparente y en el marco de las normas vigentes y tuvieron el objetivo claro de garantizar el suministro de gas en nuestro país".

El ministro explicó que "lo que hizo el juez fue un requerimiento de información con intimación de allanamiento a través de la policía Metropolitana" y agregó que la documentación solicitada "hubiera sido remitida sin necesidad de tal intimación ni de dicha fuerza en un marco de sobreactuación, que solo busca plantear la operación mediática siendo el diario La Nación funcional a ello a través de un titular mentiroso, tendencioso y falaz que solo tiende a desinformar".

La misma táctica jurídico mediática ya fue ejecutada en el caso Hotesur, con tal nivel de irregularidades que la Cámara resolvió separar a Bonadío. En ese caso, el juez también utilizó a la Metropolitata para un mediático allanamiento en busca de pruebas que siempre estuvieron a disposición de la Justicia, agravado por estar fuera de la jurisdicción de la fuerza pública.

"Resulta sugestivo que luego de casi un año de realizada la denuncia por los diputados Pinedo, Bullrich y Alonso, e impulsada la causa por el fiscal Stornelli, se lleve esta medida en la víspera electoral, sin que se haya solicitado antes ningún tipo de documentación al Ministerio por medio de oficios o pedidos de remisión de información", señaló De Vido.

En este sentido, recordó que el ministerio "colabora en esta y en todas las causas en las que se investigan actos de gestión aun cuando sean sus propios funcionarios los investigados, por lo que no se entiende desde el punto de vista de la realidad de la causa, la espectacularidad de la medida ordenada".

Asimismo, aseguró que "no puede desconocerse que en la década neoliberal se implementaron políticas energéticas que dilapidaron y entregaron nuestro gas, exportándolo a precio vil sin reservas justificadas, generando un perjuicio a todos los argentinos y ganancias extraordinarias para empresas privatizadas que sólo hicieron gasoductos de exportación sin que nadie haya denunciado ni investigado o realizado siquiera un allanamiento moral ante tal escándalo, que sería bueno algún día se investigue y desde ya ponemos toda la información a disposición".

De la misma manera, De Vido recordó que "a partir del incremento explosivo de la demanda producto del modelo de crecimiento, desarrollo e inclusión iniciado en 2003, el Estado Nacional debió implementar un proceso de compras de gas natural licuado para garantizar el suministro de hogares e industrias y apuntalar el crecimiento de la economía, que fue completamente transparente, público y cristalino".

"Este proceso de compras fue realizado hasta 2012 a través de ENARSA, empresa que debimos crear porque el Estado se había quedado sin injerencia en el sector, y luego en 2012 cuando la presidenta tomó la decisión de recuperar YPF resultó ser más conveniente que lo realizara la petrolera de bandera de todos los argentinos", explicó De Vido.

Precisó, además, que de manera paralela y desde el año 2003, se han implementado políticas promocionales que permitieron entre otros logros el descubrimiento de Vaca Muerta, que sin dudas cambió el horizonte energético de nuestro país y se planificó un sistema de gasoductos federal e inclusivo que cuando concluya el GNEA cubrirá todas las provincias".

"Lo verdaderamente sospechoso es que el diario La Nación continúe beneficiado por un amparo que le evita cumplir con el fallo que obliga a pagar los aportes adeudados a los trabajadores", finalizó De Vido.