Libertad condicional para el último detenido por el crimen de Miguel Bru
A pesar de los informes psicológicos en contrario, la justicia platense otorgó la libertad condicional al expolicía condenado a perpetua por torturar hasta matar al estudiante Miguel Bru en 1999.
Se trata del exsargento de la Bonaerense Justo López, condenado en 1999 a prisión perpetua por torturar hasta matar al estudiante de periodismo Miguel Bru. Era el único detenido que quedaba por el crimen, ya que el otro condenado a perpetua, el exsubcomisario Walter Abrigo, había muerto en prisión.
La medida fue adoptada por la camarista penal de La Plata María Silvia Oyhamburu, que actúa como jueza de ejecución en la causa luego que el Tribunal de Casación provincial revocara una decisión de la magistrada denegándole la libertad condicional al expolicía.
La libertad condicional había sido solicitada el año pasado por la defensora de López, Norma González, al considerar el tiempo que llevaba detenido que, en base a la aplicación de la derogada ley del "2 por 1", ya alcanza 20 años, que es la cantidad de años a cumplir para acceder a ese beneficio.
Pero Oyhamburu rechazó otorgar ese beneficio en base a un informe del Servicio Penitenciario bonaerense, que afirmaba que el imputado no había realizado una "reflexión objetiva" del hecho, cuya autoría se le atribuye y aún continuaba manifestándose "inocente" y víctima de una "cuestión política".
Sin embargo, en octubre de este año, el Tribunal de Casación Penal provincial revocó la resolución de Oyhamburu al afirmar que no se puede fundamentar una denegatoria con un informe psicológico y psiquiátrico del Servicio Penitenciario bonaerense.
Como se sabe, el asesinato del estudiante de la Universidad de La Plata se efectuó en 1993, y según se acreditó en el juicio oral desarrollado por la Sala I de la Cámara penal, fue detenido y llevado a la comisaría 9ª de la capital bonaerense, donde fue torturado hasta morir sin que su cuerpo haya podido ser hallado hasta hoy.
Además de López y Abrigo, fueron condenados por el hecho el entonces comisario de la comisaría 9ª Juan Domingo Ojeda, a dos años de cumplimiento efectivo de la pena, pero recuperó su libertad con sólo ocho meses de prisión; y el oficial Ramón Cerecetto, quien fue acusado de borrar el nombre de Miguel del registro de entradas de la Comisaría, también a dos años y ya en libertad.