La fuertes reclamos de Milagro Sala cuando ingresó al segundo juicio oral
La líder de la organización barrial Tupac Amaru, detenida ilegalmente hace un año y 11 meses, realizó una encendida declaración contra las reformas del Gobierno, la violencia contra los mapuches y de la complicidad mediática en Jujuy. La causa que la tiene como acusada por "amenazas" tiene como querellante a una funcionaria policial patrocinada por el hijo de Gerardo Morales.
La dirigente barrial despotricó contra las iniciativas reformistas de la gestión macristas -que ya consiguió media sanción en el Congreso para ajustar las jubilaciones a la baja-, contra la violencia ejercida desde el Ministerio de Seguridad hacia el pueblo mapuche y contra el total control político que ejerce el gobernador jujeño Gerardo Morales sobre los medios, las fuerzas policiales y la justicia.
"Hoy vengo a una sentencia directamente", manifestó Milagro Sala en relación al juicio por la denominada 'causa de las bombachas'. Se trata de una acusación por "amenazas" cuyo único sustento son los dichos de los policías denunciantes, patrocinados legalmente por Gastón Morales, abogado e hijo del gobernador.
Elizabeth Gomez Alcorta, la letrada defensora de Sala, explicó en declaraciones al sitio cynthiagarcia.com.ar que se trata del intento por parte de Milagro de interceder ante autoridades policiales en una injusta detención.
En octubre de 2014, Natalia Vargas -hija de María Molina, integrante de la Tupac Amaru y cercana a Milagro Sala- reconoció en una feria ropa que le habían robado a su familia unos meses antes, de hecho consta la denuncia de la sustracción de las llaves de su domicilio.
Al dar conocimiento a la policía, la vendedora señalada como ladrona y Natalia fueron a una comisaría, pero a los pocos minutos liberaron a la acusada y dejaron demorada a Vargas. Por ella pidió Milagro, aunque según denunció la comisaria Ángela Cabrero, jefa de la seccional 56, esa comunicación telefónica fue una amenaza.
Un año después de los hechos, Cabrero inició la denuncia como querellante y dos años después se convirtió en un caso fogoneado desde el entorno del gobernador hasta el juicio oral, a pesar de los ridículos procedimientos.