El caso de Belén llegó a hacerse público ya que movilizó a más de cuarenta organizaciones, incluidas la ONU y Amnesty Internacional, luego de que por un aborto espontáneo, los médicos la denunciaran en la Justicia. Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense, se presentó un pedido ante la Procuración General de la Suprema Corte para que los fiscales desestimen las denuncias por presuntos abortos presentadas por personal de salud.

El ministerio de Salud recomendó a su personal "mantener una actitud libre de prejuicios, sin discriminación, cualquiera haya sido la situación que llevó a la mujer a la consulta" y "respetar la confidencialidad y el secreto médico". 

El pedido fue formulado desde el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría y surgió luego de recientes casos de mujeres que buscan atención médica en hospitales en situaciones post-aborto y "terminan denunciadas por los mismos profesionales que las asisten".

El mismo se basa en dos criterios reconocidos por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en torno a este tipo de situaciones. La obligación del personal de salud a preservar el secreto profesional y el derecho de las pacientes a que se resguarde su intimidad tiene que prevalecer.

"Más allá de lo que cada profesional pueda decidir sobre su accionar, está el deber del Estado. Y el deber del Estado frente un mujer que acude a un hospital en busca de ayuda por una situación de aborto es generar mecanismos de contención que garanticen sus derechos, no una respuesta punitiva", sostiene Laurana Malacalza, la coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo, al explicar el pedido presentado ante la Procuración General.

"Existen dos fallos de la Suprema Corte que sientan precedente en cuanto a que la obligación de secreto profesional de los médicos está por encima del eventual deber de denunciar un presunto delito, ya que de lo contrario se violaría la garantía contra la autoincriminación de las personas. El problema es que tal vez algunos fiscales desconocen esta jurisprudencia y no saben cómo manejarse. Por eso es importante que la Procuración les marque directivas para no criminalizar a mujeres que transitan situaciones de aborto, ya sea inducido a natural", explica.

Según el portal eldia.com, el ministerio de Salud bonaerense dio directivas a las autoridades sanitarias para no judicializar a las mujeres que concurren a hospitales en situaciones de emergencia tras un aborto. En un comunicado enviado a los hospitales y centros de atención primaria de la salud a fines del mes pasado.