Cecilia Ousset y José Gijena son los especialistas en tocoginecología que, a pesar de trabajar en el sistema de salud privado, recibieron la orden desde el ministerio de Salud provincial para practicar la microcesárea que desde hacía semanas, exigía la niña víctima de la violación y su familia.

"Nos denunciaron como si hubiéramos cometido un delito, cuando únicamente cumplimos con lo que exige la ley. La intervención está contemplada en el artículo 86 del Código Penal y es legal desde 1921", explicitaron.

"Fue el viceministro de Salud de Tucumán, Gustavo Vigliocco, quien nos indicó que el gobernador de la provincia, Juan Luis Manzur, había decidido, tras una orden judicial, avanzar con la interrupción del embarazo, exigida por Lucía y su mamá", contextualizaron además sobre por qué fueron ellos los que tuvieron que hacerse cargo.

Ousset y Gijena advirtieron además que fue la decisión del personal médico del hospital de anteponer su 'objeción de consciencia' una de las causas para dilatar la intervención: "El personal del quirófano se quedó a filmar, pero no a ayudar", reveló sobre las dificultades que tuvieron para tener las garantías necesarias.

Además contaron que si bien recibieron el apoyo de la ministra de Salud tucumana Rossana Chahla, cuando le exigieron que deben dejar en claro que no tienen ninguna responsabilidad penal, la funcionaria les pidió que bajaran el perfil mediático: a lo que respondieron con este gesto de reclamo frente al estado que mira para otro lado.