Procesaron a Iguacel por beneficiar con una concesión de 30 mil millones al primo de Macri
El extitular de Vialidad Nacional durante el macrismo amplió los plazos de los contratos de concesión de Corredores Viales Nacionales de forma ilegal e irregular. Entre las empresas que benefició está IECSA, de la que es dueño el primo del expresidente. La Justicia lo procesó.
Javier Iguacel, extitular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, fue procesado por sospechas alrededor de un proceso licitatorio de autopistas mediante el esquema PPP.
Fue el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 7 el que tomó la decisión al argumentar que Iguacel pudo haber dañado las cuentas del Estado a través de la operatoria.
Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, responsable de IECSA fue beneficiado con la decisión de Iguacel por 30 mil millones de pesos.
La causa se inició a raíz de la denuncia presentada por Ana María Aleña, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, el 16 de agosto de 2019 ante la Cámara del fuero. En su presentación, Aleña sostuvo que, a partir de determinados actos de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y del Ministerio de Transporte, se habrían ampliado los plazos de los contratos de concesión de los Corredores Viales Nacionales 1 a 6 y 8 de forma ilegal e irregular.
Esta acción, según la consideración de la titular del Sindicato, no solo había beneficiado a las respectivas empresas concesionarias, sino que también había perjudicado a la Administración Pública al privarle la posibilidad de obtener, con una nueva licitación, mejores condiciones de contratación.
Así, señaló que el vencimiento de los contratos en cuestión fue el 21 de abril de 2016, pero se hizo uso de la prórroga de doce meses que los contratos preveían y cumplido este último término (el 21 de abril de 2017), no se había “hecho nada en materia de licitaciones” y se extendió la continuidad operacional a través de una resolución firmada por Iguacel. En ese sentido, dicha decisión jamás fue ratificada y las concesionarias continuaron percibiendo tanto los montos de las tarifas de peaje como los vinculados a obras de mantenimiento y ampliación.
Según fuentes judiciales, las imputaciones se dividieron también en tres partes. La primera, abarca las circunstancias vinculadas a la adjudicación del CV 7 al 3, la segunda comprende el trámite administrativo que desembocó en el dictado de la Resolución 811/2017 (la prórroga irregular de los contratos de concesiones viales), y la tercera se refiere al trámite licitatorio bajo modalidad de participación público-privada.
Además, fueron procesados el extitular de Jurídicos de Vialidad Nacional, Ricardo Stoddart, y los exdirectores ejecutivos del Órgano de Control de Concesiones Viales, Luis Pablo Belenky y Ángel Curto.