El juez Ariel Lijo ordenó las primeras medidas de prueba en torno a la investigación sobre el acuerdo calificado por la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, como "abusivo" en relación al acuerdo sellado en junio pasado, entre el Estado y el Correo Argentino, una empresa del Grupo Macri.

Tras la imputación al Presidente Mauiricio Macri, al Ministro Oscar Aguar y al abogado que representó al Estado en la firma de dicho acuerdo, Carlos Mocoroa, por parte del fiscal Juan Pedro Zoni, un grupo de gendarmes se hizo presente en el edificio del Ministerio de Comunicaciones con la orden de buscar la documentación de las negociaciones entre los representantes de Aguad y el Grupo Macri, y hacerse del expediente de quiebra de Correo Argentino.

Lijo investiga si el Presidente cometió delito al ordenar la rúbrica de dicho acuerdo -un expediente que se tramita en el fuero Comercial- para el pago de una deuda que la compañía propiedad de Socma tiene con el Estado.

Luego de esta 'orden de presentación' el ministerio tiene la obligación de entregar la información solicitada por el magistrado: puntualmen, los antecedentes y proyectos que haya en esa repartición sobre el concurso de Correo Argentino S.A., los antecedentes por los que fue designado Mocoroa y las funciones otorgadas por ley para la cartera que dirige Aguad.

Además, Lijo dirigió oficios a la Cámara en lo Comercial requiriendo el historial de todas la ofertas y contra ofertas hechas para el pago de la deuda.