Tras el escándalo que despertó el polémico acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino, por el cual le condona a la familia Macri una deuda multimillonaria con el Estado, el procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, ordenó una auditoría y un “sumario administrativo”, con el objetivo de investigar y esclarecer cómo se llegó a dicho convenio.

En este sentido, la  Procuración dispuso un “sumario administrativo destinado a esclarecer los hechos denunciados en relación a los autos Correo Argentino sobre Concurso Preventivo y establecer las posibles responsabilidades administrativas que pudieran corresponder y recomendar, en su caso, las medidas y sanciones que resulten pertinentes”.

Esto surge luego del dictamen firmado el viernes pasado por el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez ante la supuesta falta de competencia que tuvieron los funcionarios públicos del Ministerio de Comunicaciones que avalaron el convenio  y en posible violación a la ley de Ética Pública.

Al respecto, la resolución firmada por Balbín añade que “las razones expuestas ameritan  la realización de una auditoria desde el inicio del proceso judicial, conforme a lo solicitado por la Procuraduría”, al tiempo que se ordenó a la División Nacional de Auditoria de la Procuración la realización de una auditoria para evaluar la actuación de los representantes del Estado Nacional.

Por su parte, tras el dictamen de la fiscal en lo comercial Gabriela Boquin, quien rechazó el concurso preventivo de la empresa al considerarlo como “abusivo”, el fiscal Rodríguez había impulsado una denuncia penal para que se investigue un intento de defraudación por administración infiel por parte de los funcionarios públicos intervinientes, porque a su criterio se "convalidaría un perjuicio patrimonial multimillonario”.

La justicia federal recibió la semana pasada otras cuatro denuncias penales contra el presidente Mauricio Macri; el ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad; y el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Carlos Mocoroa, por "defraudación contra la administración pública".