Piden que se hagan pericias sobre los libros contables de la fundación de Michetti
En el marco de la investigación judicial que se lleva adelante sobre el origen del fondos recibidos por la Fundación SUMA, el abogado que realizó la denuncia solicitó al juez que ordene pericias científicas sobre los libros contables de la institución.
Leonardo Martínez Herrero, el abogado que hizo la primera denuncia para que se investiguen los orígenes de los dineros donados a la Fundación SUMA que le fueron sustraídos a la vicepresidenta, presentó un escrito ante el juez Ariel Lijo para que hagan pericias científicas sobre los libros contables de la institución.
El letrado pide al juez que ordene una pericia scopométrica sobre los balances de la entidad de que preside Gabriela Michetti, "demora de la Fundación SUMA en efectuar sus presentaciones ante la IGJ", alcanzando también a "los libros y documentación en su Sede Social".
Martínez Herrero solicita "se efectúe sobre los mismos una prueba pericial scopométrica a los efectos de determinar si la antigüedad de las tintas se condicen con las fechas en que supuestamente se efectuaron los mismos y si registran correcciones y/o alteraciones".
Según indica Ámbito.com, los estudios scopométricos consisten en una serie de observaciones con lupas y otros instrumentos de medición para determinar la autenticidad e identidad de escritos, billetes, estampillas, tarjetas de crédito y prendas de vestir, entre otros elementos.
Además, el letrado recomienda librar un oficio a las empresas MercadoLibre y Mercado Pago para que "remitan todas las operaciones realizadas" electrónicamente por el usuario de la Fundación durante la cena solidaria del 30 de noviembre de 2015 en La Rural, como de un vídeo elaborado por la propia ONG donde se ve a varias mujeres con remaras de la entidad recorriendo mesas y recolectando planillas de donación, con posnet en las manos.
De esta manera, el abogado pretende que se "corrobore" la cantidad de dinero ingresado electrónicamente, los montos recibidos por esa vía, los datos de las personas físicas y jurídicas de los donantes y la cuenta bancaria vinculada al usuario de sistema de cobro, determinando si la cuenta bancaria pertenece a la Fundación o está a nombre de alguna persona vinculada a la vicepresidenta de la Nación.