Pese a que desde el Gobierno tratan de minimizar el hecho, la causa contra Gabriela Michetti avanza de manera acelerada en la Justicia, donde ahora buscan investigar a los financistas de la Fundación SUMA, cuyos aportes habrían sido parte del dinero sustraído del domicilio de la titular del Senado.

El juez federal Ariel Lijo pidió a la UIF que "con carácter de urgente" remita cualquier posible Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) o investigación iniciada por presunto lavado de dinero, incluso desde otros países, informó el periodista Gabriel Morini, de Ámbito.com.

El magistrado también le solicitó al Banco Central que levante el secreto bancario sobre la ONG y le informe el detalle de cuentas, plazos fijos o cajas de seguridad "así como también si se ha registrado operaciones y/o transferencias a su nombre o el de cualquier persona física". De ser afirmativo, el magistrado pidió conocer el detalle completo de la actividad financiera y accionaria de los titulares de esos giros.

"Deberá informar la totalidad de las transferencias recibidas o realizadas, detallando las fechas correspondientes, monto, moneda, información filiatoria del ordenante, datos de la cuenta ordenante y datos de la cuenta del beneficiario. En el supuesto que se registre a personas jurídicas como ordenantes o cotitulares de la cuenta beneficiaria deberá detallar la razón social, número de CUIT, accionistas, directorio, representantes y domicilios", exigió el exhaustivo informe que deberá cumplimentarse en un plazo de 15 días. Estos datos los solicitó desde la creación de la ONG al presente. 

Lijo también ordenó un operativo en la sede de la ONG con el objetivo de secuestrar los libros contables de la entidad, y tras recibir informes de la AFIP.

Quien también está la mira de la Justicia, es Juan Martín Tonelli Banfi, pareja de la vicepresidenta y quien participa de una firma que fue contratista del Estado. A la vez, ordenó el levantamiento del secreto bancario sobre la entidad que quedó bajo la lupa y que según los denunciantes podría ser una vía para canalizar fondos destinados al financiamiento de la política de varios dirigentes del PRO.

Por lo pronto, este miércoles la fundación de Michetti entregó a la justicia todos sus libros contables, de acuerdo a un pedido efectuado por Lijo.