Ni el reclamo desde la ONU hace reflexionar a Mauricio Macri sobre la arbitraria detención de la dirigente social, Milagro Sala. El gobierno avisó que no hará nada para liberarla pese a los pronunciamientos de diversos organismos internacionales.

Así lo manifestó el oficialismo en su respuesta a la ONU y la OEA. En el documento señalan que dejarla en libertad "implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación". 

"Arribar a la conclusión de que la detención de Sala resulta arbitraria, dando la espalda a esta evidencia aportada en los expedientes judiciales, resulta por sí misma una decisión arbitraria", dice el documento que presentó el Gobierno y que reprodujo el sitio Política Argentina. 

"La evidencia referida a las relaciones de dominio e influencia que conserva sobre testigos de la causa, determina que su libertad en pleno proceso implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación", argumenta la respuesta gubernamental.

Según informó el diario La Nación, el Gobierno envió tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como al Grupo de Trabajo de la ONU un informe de 21 páginas de la Secretaría de Derechos Humanos, un escrito de 39 páginas de la Fiscalía de Estado de Jujuy y 52 páginas con fundamentos de la detención de Sala del Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público de Jujuy.

El Gobierno esperará ahora la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo de Trabajo. Pretende además frenar la seguidilla de reclamos de distintos organismos a nivel internacional, tras las denuncias presentadas desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía ante entidades extranjeras.

No es el único organismo de la ONU que reclamó por el caso Sala. El Comité contra la Discriminación Racial de la ONU (CERD), cuyos integrantes se reunieron ayer en Ginebra con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. “La decisión (del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias) tiene que ser cumplida”, le dijo al funcionario Pastor Murillo, el relator para la Argentina del Comité.  El Gobierno, pese a todo, decidió continuar con su postura.