A pesar de la firmeza del reclamo de la Organización de Naciones Unidas de “liberar de inmediato” a Milagro Sala, el gobierno de Gerardo Morales trató de desacreditarlo. El fiscal de Estado de Jujuy, designado por el Ejecutivo, Mariano Miranda, dijo que ese pedido “no es vinculante” y que “ni siquiera es una recomendación”. Afirmó que solo es la "opinión de un organismo técnico dentro de un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos".

Miranda Criticó además al organismo y al CELS (Centro de Eastudios Legale y Sociales) porque cuentan con una información “desactualizada”. "Tomaron como válida que la detención de Sala se refiere al ejercicio de un derecho a la protesta, conocido como el acampe (de diciembre pasado en la Plaza de Jujuy), y esto no es así: Milagro Sala ha sido excarcelada en esta causa y está detenida por otro tipo de hechos de corrupción graves" en "causas que se tramitan tanto en la justicia federal como en la justicia ordinaria de la provincia de Jujuy", precisó.

En relación a esto, se puede inferir que dentro de las primeras medidas que tomó el Gobierno de Gerardo Morales cuando asumió fue la detención de la líder de la Tupac Amaru por una contravención municipal, el acampe, y que cuando quedó de manifiesto la persecución política, avanzó en las otras causas.