El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°5, imputó a autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y administración infiel.

Los principales acusados son José Luis Giusti –ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas-; Emiliano Yacobitti, secretario de Hacienda y Administración de la UBA y titular de la Unión Cívica Radical (UCR) porteña; y Sergio Gastón Ricardo, ex secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la FCE-UBA, quienes a su vez serían asesores de Martín Lousteau, excandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad.

Los investigados habrían utilizado el alto cargo jerárquico desempeñado en la casa de estudios para desviar millonarias contrataciones del Hospital de Clínicas “José de San Martín” –dependiente de la UBA- hacía proveedoras de insumos y medicamentos con las cuales estaban directamente vinculados.

Las maniobras habrían contado con la complicidad de funcionarios de la Dirección de Administración del Hospital de Clínicas –Marcos Coy, Omar Quiroga y Leopoldo Bordoli- quienes habrían sido especialmente designados para cumplir ese rol.

Además de enriquecer a sus protagonistas, parte del excedente originado en las maniobras -que incluirían sobreprecios o, incluso, la falta de entrega de las mercaderías- habría sido canalizado para financiar la campaña electoral del entonces candidato Martín Lousteau, ya que anteriormente dichos funcionarios realizaron aportes económicos en campañas electorales pasadas.

Luego de una investigación periodística en el canal C5N, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) inició una investigación preliminar que derivó, semanas atrás, en la presentación de una denuncia penal por los delitos de negociaciones incompatibles, administración infiel, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Parte de esa pesquisa puso de relieve justamente los múltiples vínculos existentes entre Giusti, Yacobitti y Ricardo con Coy, Quiroga y Bordoli, quienes desde 23 de febrero de 2007 y hasta el mes de junio de 2015 se desempeñaron sucesivamente al frente de la Dirección General de Administración del Hospital de Clínicas.

Hasta ahora, se pudo corroborar diversas contrataciones que beneficiaron a un conglomerado de empresas, entre las que se encuentran Medipack S.A., que desde el 9 de abril de 2008 hasta el 19 de marzo de 2014 obtuvo 69 contratos por un total de $11,229 millones. Se trata de una sociedad que fue constituida en septiembre de 2003 por Diego Pellegrini, cuñado del imputado Sergio Gastón Ricardo. Es decir, quienes contrataban y eran contratados formaban parte de un “círculo íntimo”.

Ricardo se desempeñó también como director General de Administración del Hospital Pedro Elizalde (Ex Casa Cuna), período durante el cual se proveyó de medicamentos a través de Medipack, al menos entre 2009 y julio de 2014, aunque por cifras inferiores ($144.525).

“Si bien esta cifra es muy inferior a la de la Universidad de Buenos Aires, estas contrataciones irregulares demuestran que estas personas no distinguen entre lo público y lo privado, sino que utilizan las instituciones del Estado para engrosar su patrimonio personal, y dejar de lado el tan preciado bien común por el que deben velar”, consignó el fiscal Picardi.

“Dicho incremento patrimonial se habría configurado mediante la utilización del dinero ilícito para solventar ostentosos viajes y gastos diarios, como así también para adquirir bienes inmuebles, vehículos de alta gama y hasta una aeronave, tanto a su nombre como a nombre de las sociedades y de las personas que fueron descriptas como su círculo íntimo”, indicó el fiscal.

Particularmente, durante el período investigado Giusti viajó al exterior en veinte oportunidades, adquirió cinco inmuebles y dos vehículos.