Gil Lavedra, de juzgar represores a defenderlos
El exdiputado de la UCR dijo que aceptó la defensoría de Ricardo Lona, juez de Salta procesado en 40 causas por complicidad con crímenes de lesa humanidad, "por la amistad" que los une. Radicales, la querella e H.I.J.O.S repudiaron la decisión del exmiembro del tribunal que en 1985 condenó a las juntas militares.
Gil Lavedra aceptó ser defensor de Lona porque considera al ex juez federal salteño "inocente" y por la "amistad" que los liga. Lona fue condenado en 2007 a prisión preventiva por la Masacre de Palomitas del 6 julio de 1976. Aquella noche, once presos políticos fueron acribillados a balazos al costado de la ruta nacional 34 -en el paraje Palomitas-, a 30 kilómetros de la Salta capital, cuando debían ser trasladados del penal de Villa Las Rosas a Córdoba.
Lona fue procesado por "incumplimiento de deberes de funcionario público" y tras innumerables apelaciones y recusaciones, la justicia salteña le dictó la prisión preventiva por considerarlo prima facie "penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas en grado de cómplice primario, en perjuicio de los presos fusilados".
Repudios a Gil Lavedra
El dirigente del radicalismo salteño, Rubén Correa, consideró "muy grave" la decisión de Gil Lavedra y confirmó que elevarán un pedido a la mesa de la convención nacional de la UCR para en el tribunal nacional de ética "se discuta y se defina qué va a pasar con su ficha de afiliación".
"Queremos que esto lo discuta el partido a nivel nacional porque Gil Lavedra no es un abogado más y la UCR tiene una tradición muy fuerte en la defensa de los derechos de los ciudadanos", sostuvo en diálogo con Télam.
Y agregó que "si bien entendemos el ejercicio libre de la profesión, nos cuesta entender que tire por la borda la importancia que tuvo en el juicio a las juntas militares por defender a un ex juez como Lona".
Además, en el orden local, Correa explicó que pedirá la suspensión de la entrega del título de Doctor Honoris Causa que era analizado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas por ser "incompatible de parte de alguien que ha tomado semejante actitud".
El abogado querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Ávila, explicó que si bien es "respetuoso del derecho de defensa", la postura de Gil Lavedra "es llamativa" por ser "un hombre político dentro de un Estado democrático", dijo en diálogo con Télam.
"Juzgó a los máximos responsables del genocidio en la Argentina pero como ex ministro de Justicia y como abogado, dice otra cosa", señaló Avila al recordar el juicio a las juntas militares en 1985, y también que durante el gobierno de Fernando de la Rúa, Gil Lavedra impidió la extradición de los represores para ser juzgados en el país.
"Subestima a la sociedad salteña que espera ver a Lona sentado en el banquillo de los acusados", lamentó Ávila al recordar que el ex juez está imputado en más de cuarenta causas por su complicidad como magistrado con la última dictadura.
Los masacrados en Palomitas
Los asesinados en Palomitas fueron Celia Raquel Leonard de Ávila, Evangelina Botta de Nicolai, María Amaru Luque de Usinger, María del Carmen Alonso de Fernández, Georgina Graciela Droz, Benjamín Leonardo Ávila, Pablo Ouetes Saravia, José Ricardo Povolo, Roberto Luis Oglietti, Rodolfo Pedro Ussinger, y Alberto Simón Zavarnsky.
La hija de una de las víctimas de la Masacre de Las Palomitas, Elia Fernández, dijo a Télam que la decisión de Gil Lavedra "es borrar con el codo lo que escribió con la mano".
"No sólo nos sorprendió sino que nos molesta que diga que está convencido de que es inocente y que además es su amigo, porque nosotros tenemos pruebas contundentes de su complicidad con la dictadura cívico militar, cuando como juez estuvo en lugares claves donde se ejerció la represión ilegal", dijo la referente de H.I.J.O.S. en Salta.