Se llama Bernardo Zaslascky, y es uno de los empresarios que estuvo presente en esa reunión del Banco Provincia convocada por ministerio de Trabajo de Vidal a cargo de Marcelo Villegas. Fue en representación de Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO),

Zaslascky fue indagado y presentó un escrito en la causa penal a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, en el que pidió su sobreseimiento tras negar “enfáticamente” haber participado ni avalado-el armado de ninguna causa o acción judicial.

Tal publica Vanesa Petrillo en M1, el empresario relató por escrito que si bien su sector no fue tan afectado por el accionar de autoridades de la UOCRA, al perturbarse las obras, los empresarios no adquirían insumos, lo que derivó en una enorme crisis económica en el sector.

“En los innumerables reclamos sectoriales vinculados con la merma de la actividad, las respuestas estatales siempre fueron esquivas”, y se refirió especialmente a lo que ocurría hacia 2016.

El sector requería medidas urgentes “para salir del atolladero en que nos encontrábamos como consecuencia de la virtual paralización de las obras en La Plata”.

Enumeró los reclamos efectuados al gobierno provincial, pero la situación “lejos de mejorar empeoraba”. Por ello, el 9 de enero de 2017 ACIMCO solicitó formalmente al intendente Julio Garro una audiencia para explicar que ante la paralización de las obras estaban en riesgo más de 200 fuentes de trabajo del sector. “La reunión no fue convocada”, ahondó en el escrito.

El 27 de abril de 2017, siempre según el escrito, se realizó una reunión presidida por la diputada Valeria Amendolara y celebrada en la Cámara de Diputados. Durante su desarrollo se suscitó un “rico intercambio entre los constructores y el Sr Medina, surgiendo al final una discusión entre el presidente de ACIMCO, Guanzetti y el Sr Medina”.

“Esta vez el sector político nos convocó expresamente para oírnos sobre la problemática que padecíamos”, aclaró.

Luego, el empresario se refirió a otras reuniones celebradas en el mes de junio. El 22 de junio ACIMCO presentó una nota al ministerio de Trabajo, que si bien fue posterior a la reunión investigada, “fue confeccionada mucho tiempo antes”.

Explicó en ese sentido que ACIMCO había hecho reclamos sectoriales “vinculados con la estrepitosa situación que padecía la construcción en la ciudad de La Plata”, antes de la reunión investigada.

En ese marco apareció una convocatoria del Ministerio de Trabajo en la que se invitaba a ACIMCO a otra reunión en una de las oficinas del Banco Provincia en la calle San Martín en CABA. “Era una más”, reiteró en el escrito.

La reunión de la Gestapo: Sobre esa reunión que la justicia investiga, dijo que a algunas personas presentes las conocía, y otros no por lo que pensó que eran asesores de los funcionarios.

Una persona a la que describió con pelo canoso y saco gris verde, que solo se presentó con su nombre de pila, en todo el desarrollo de la reunión trataba de “guionarnos” en lo “que debíamos hacer o decir, hablando incluso en primera persona”. Fuentes diversas consultadas deslizaron que esa persona podría ser Darío Biorci de la AFI, uno de los imputados.

“Caso omiso hice a tales insinuaciones, las que hoy considero –filmación subrepticia mediante – como emanadas de un agente provocador vaya a saberse para cuales fines”. “De lo que recuerdo haber entendido del desarrollo de esa reunión, se hablaba de la existencia de causas judiciales contra Medina por su accionar ilícito”.

En el escrito, señaló que “hubo apreciaciones políticas muchas de las cuales no compartí, generándose en mi una suerte de incomodidad por no entender a ciencia cierta que era lo que las autoridades allí presentes requerían o nos informaban en concreto, ya que en el caso de ACIMCO, sus asociados no estaban afectados directamente por el accionar gremial”.

“No puedo dejar de mencionar que me llamó la atención el tenor imperativo y guionante de la reunión, lo que –reitero- me generó sorpresa e incomodidad”.

“ACIMCO por mi intermedio no asumió compromiso alguno ni tampoco anticipó o conformó y menos aún auspició la realización de accionar judicial”, reiteró en la presentación.

Hacia el final del escrito, Zaslascky resaltó que “Nadie nos informó que en esa reunión participaban personas de la AFI y menos aún que estaba siendo grabada”.

“Ninguna cámara o micrófono estaba a la vista lo que me permite sospechar que esa filmación fue clandestina y en nuestro caso, nunca autorizada. Y esta clandestinidad surge de lo declarado por el personal del Banco Provincia, quienes al unísono manifestaron que nunca supieron que el banco haya instalado cámaras y que solo se las instalaba en el sector de cajas”, enfatizó antes de pedir su sobreseimiento.