A través del decreto 337/2015, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno nacional promulga la nueva ley de Inteligencia que, en un mismo acto, disuelve la SI y crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

La nueva ley establece que la AFI tendrá por objetivo “la producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior".

También tendrá a su cargo “la producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y atentatorios contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”.

En otro punto, la norma dispone que se transfiera el personal así como los bienes de la actual Secretaría de Inteligencia (SI) a la Agencia Federal de Inteligencia, con excepción de la Dirección de Observaciones Judiciales (Ojota) que pasará a depender de la Procuración General de la Nación.

Otro aspecto importante de la reforma de la ley de Inteligencia es la reducción de 25 a 15 años del plazo para la desclasificación de información, que ahora será clasificada en tres categorías, como secreta, confidencial y pública.

En cuanto al personal, la nueva ley indica que “se deberá instrumentar una profunda reformulación del proceso de ingreso” a la AFI, estableciendo “criterios de transparencia en el marco del Plan Nacional de Inteligencia y las necesidades operativas”.

Asimismo, añade que “se deberá fortalecer el control disciplinario de la conducta de los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia adoptando criterios que faciliten la necesaria separación de aquellos agentes cuyas acciones sean o hayan sido incompatibles con el respeto a los derechos humanos o violatorios del orden constitucional”.

También “se deberá reglamentar un nuevo régimen del personal de inteligencia que establezca los niveles de reserva de identidad adecuados conforme las tareas a desarrollar, procurando el carácter público de los funcionarios y restringiendo excepcionalmente las reservas que sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus funciones”.

Con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, el decreto prevé que “se deberán supervisar las acciones de los exagentes a fin de prevenir su accionar en tareas de inteligencia”.