El abogado que pidió investigar penalmente a Gabriela Michetti por el origen del dinero que le fue sustraído a la vicepresidente de su domicilio (245 mil pesos y de los 50 mil dólares), impugnó los argumentos presentados por la vicepresidenta de la Nación. 

Algunos de los puntos que rebatió el abogado Leonardo Martínez Herrero giraron alrededor de las inconsistencias de las fechas de actividades de la Fundación SUMA, que preside Michetti, y de cómo se asentaba el dinero de las donaciones. 

Según el abogado, la recaudación de la fundación "no se ajusta a la normativa vigente" ya que, de acuerdo a lo denunciado por el letrado en su presentación, "no dice si se asentaron esas donaciones en los libros".

Martínez Herrero se pregunta por las actividades de SUMA en 2012 y 2013 luego de que Michetti asegurara que la fundación se constituyó en 2011 y que comenzó a funcionar en el 2014. "¿Para qué la tuvo inactiva durante tres años?", pregunta Herrero en su escrito.

Como se sabe, el abogado pidió investigar la vicepresidenta por el origen del dinero, pidió la "averiguación de posible delito" y la denuncia se basa en información periodística sobre el robo a Michetti, ocurrido el 22 de noviembre pasado, por el que está procesado uno de sus custodios, un oficial de la Policía Metropolitana.

Ahora le pidió al juez federal Ariel Lijo, que tiene a cargo la causa, que profundice la investigación sobre las explicaciones que dio la funcionaria sobre el origen del dinero que le robaron, y también presuntos vínculos con un sospechoso de trata de personas.

Martínez Herrero pidió que se investigue la relación de Michetti con Carlos Morales Comino, un acusado de trata de personas por la ONG La Alameda, a quien en 2014 habría invitado a sumarse al equipo proselitista de la vicepresidenta.