El Congreso debate la propuesta de participación público privado, que busca privatizar la obra pública. El texto obtuvo media sanción en Diputados, con cambios, por lo que retornó al Senado, donde se espera convertirse en ley.

El espíritu del proyecto trata de darle una alternativa a las licitaciones públicas, en la que el Estado se saca de encima el costo del proyecto, porque pasa al privado. La empresa debe fondearse con préstamos bancarios, lo que encarece el costo total, ya que las tasas que pueda conseguir siempre serán siempre más elevadas que el interés que se le cobra al Estado.

Debido al "riesgo" que corren los empresarios, la futura ley les garantiza las ganancias. Como contraparte, el Estado les permite recaudar por un mínimo de 30 años (prorrogable). Es decir, que si el contratista construye una autopista, le aseguran la concesión de los peajes por tres décadas.

Para sumarle al oscurantismo, los contratos se regirán por el secreto comercial e industrial. El secretismo gobernará incluso el seguimiento que realizarán los organismos de control y una flamante bicameral que se creará para tal fin. "La comisión, sus miembros y empleados deberán garantizar la confidencialidad de la información, sumiendo las responsabilidades correspondientes por su divulgación", reza el artículo 30 del proyecto.

Fuente: El Destape