La próxima semana otro polémico decreto presidencial encenderá la discusión laboral por una abultada cantidad de despidos encubiertos que prepara la administración nacional: la purga alcanzaría ministerios, organismos descentralizados, el PAMI, la ANSES, la AFIP, entro otras oficinas públicas.

Según reprodujo el portal lapoliticaonline.com.ar, que tuvo acceso al borrador elaborado por los ministros de Modernización Andrés Ibarra; de Hacienda Nicolás Dujovne y el saliente director ejecutivo de la AFIP, Alberto Abad, contempla diferenciaciones según la edad del trabajador.

De acuerdo al texto, se desprenden tres modalidades. Para aquel empleado de 65 años o más "que no cuente con los años de servicio necesarios para obtener su jubilación ordinaria", se ofrece la posibilidad de recibir 24 (dos años) cuotas mensuales iguales "no remunerativas" equivalentes a su salario neto. Para los que tengan 60 años, pero no alcancen la categoría anterior, la norma prevé que se les paguen hasta 36 cuotas (3 años) mensuales no remunerativas equivalentes a su salario neto, siempre y cuando no se superen las 12 cuotas una vez cumplidos los 65 años. En el caso de los menores de 60 años de edad habrá un resarcimiento al momento de la desvinculación de hasta 6 cuotas en función de la antigüedad, y luego entre 6 y 24 cuotas mensuales adicionales no remunerativas, pero del 70% de su salario neto.

El texto, que presenta similitudes a los retiros voluntarios impulsados en enero por la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, adelanta que estos tipos de acuerdos regirán para los empleados de la planta permanente, que en total son unos 208 mil agentes públicos.

Los ministros en su proyección, consideraron que el universo en condiciones de acogerse sería de 80 mil, y que los que aceptarían sumarían entre 3 mil y 5 mil empleados públicos, cuyos puestos no serán reemplazados.

Los beneficiarios de los retiros "continuarán gozando de la cobertura médica asistencial de obra social durante el plazo de percepción de las cuotas o hasta la obtención del beneficio previsional, lo que ocurra primero, según lo determine la reglamentación", mientras que no podrán ser re contratados en puestos públicos durante cinco años.

Los que no podrán adherir son el personal policial, de las Fuerzas Armadas, de Inteligencia, ni aquellos "que se desempeñen en un cargo docente, profesional de la salud, del servicio exterior o científico técnico". Además, los ministros y secretarios conservan la potestad de “rechazar la solicitud del Retiro Voluntario por razones de servicio”.