Con el guiño del Gobierno nacional para debatir una ley para establecer el aborto legal, seguro y gratuito, desde la oposición se suman iniciativas para tratar en el Congreso, y esta semana fue el turno del diputado Daniel Filmus, quien presentó el texto de su propuesta titulada “Ley Integral de Interrupción Voluntaria del Embarazo”.

Son 17 artículos con el fin de “garantizar el derecho a la salud de las mujeres mediante el acceso a la práctica de interrupción voluntaria del embarazo (IVE)”. Entre los principales conceptos de la propuesta se destaca el carácter de universalidad: “toda mujer tiene derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta el término de la décima cuarta semana (14) de gestación, bajo parámetros técnicos que establecerá el Ministerio de Salud de la Nación como Autoridad de Aplicación de la presente ley”.

Según reprodujo parlamentario.com, el proyecto de norma contempla que no se requerirá autorización judicial y la intervención propiamente dicha requerirá la firma del consentimiento, informado en carácter de declaración jurada de la voluntad de la mujer.

Entre los detalles, la iniciativa prevé excepciones al plazo, otorgándole a la mujer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para cuando haya existido violación, se pusiere en riesgo la salud de la madre o su vida, o se hayan detectado malformaciones fetales graves.

En el caso de las menores de edad, cuando se trate de niñas de menos de 13 años, será necesario su consentimiento y el asentimiento de uno de sus progenitores o allegados: “La niña deberá ser oída siempre y en toda circunstancia”, se aclara.

Además puntualiza la situación de adolescentes de entre 13 y 16 años, a quienes les bastará con su consentimiento si la interrupción del embarazo se realizara a través de una práctica no invasiva, aunque en el caso de “una práctica invasiva, se requerirá el consentimiento de la adolescente con el asentimiento de uno de sus progenitores o allegados, de conformidad con lo previsto en los arts. 26 y 59 del Código Civil y Comercial de la Nación”.

El texto firmado por Filmus remarca la necesidad de que el Estado, tanto nacional como los provinciales, lleves adelante políticas activas para la prevención de embarazos no deseados, la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de la población.