En la CGT ponderan la capacidad de diálogo, el buen trato con el Gobierno, que los intereses de los trabajadores. Así, agazapada y de brazos cruzados, la Central de Trabajadores mira cómo se deteriora el trabajo en la Argentina. Al parecer la revolución no era de la alegría.

No son meras hipótesis. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicó su informe de conflictividad, que estudia dos tópicos: el tema laboral y el tema social.

En ambos se ve un notable aumento de los conflictos, aunque está claro que uno va 'de la mano' con el otro. Empezando por la Conflictividad Laboral, creció solo en el mes de agosto, en un 77% respecto al mes anterior.

En el sector público, los conflictos laborales tienen un aumento exorbitante de más de un 200%, mientras que en el sector privado superan el 10%.

Según afirma el CEPA, casi el 75% de las causas de protesta en el sector público estuvieron relacionadas con reapertura de paritarias y cuestiones salariales. En general, las manifestaciones fueron acompañadas de paro y movilización.

En cuanto al sector privado, la mayor cantidad de los conflictos se dieron en la industria. Las causas centrales de dichos problemas fueron los despidos y las suspensiones, ambos superando el 35%.

La mayor cantidad de despidos se repartieron entre el sector industrial (32%), el sector minero y energético (28%), y las empresas comerciales (17%).

Al observar la distribución geográfica, vemos que la mayor cantidad de conflictos labores se produjeron en la provincia de Buenos Aires (21% del total), y a esta provincia le sigue la Ciudad autónoma de Buenos Aires, con el 12,5% y luego las provincias patagónicas de Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Río Negro, las cuales representan en total el 26, 1% de los conflictos, motorizados por los trabajadores Estatales y los petroleros.

Paros, cortes de ruta, movilizaciones, cacerolazos: la conflictividad social aumentó de la mano de los problemas laborales y económicos. 

UN 28,6% de las protestas sociales se enmarcan en reclamos en contra del ajuste y los tarifazos, y un 20% en protestas por falta de trabajo, seguidas en un 14% por justicia y derechos humanos.