La semana pasada, la canciller Susana Malcorra y su par británico, Alan Duncan, firmaban una polémica declaración conjunta en la que prácticamente planteaban un horizonte de administración conjunta de las islas Malvinas.

En ese sentido, además de sumar vuelos desde el continente hacia las islas, el documento hacía hincapié en convenios de cooperación para la explotación petrolífera del archipiélago.

Federico Pinedo relativizaba más tarde los alcances concretos de la declaración que ponía en duda la continuidad del reclamo argentino por la soberanía, fue el propio presidente provisional del Senado quien ahora echa leña al fuego de la polémica.

Pinedo admitió este martes que el Poder Ejecutivo "analiza el impacto" de la ley 26.659, que sanciona a empresas y personas que participen de actividades petroleras en Malvinas sin permiso del gobierno argentino.

Esa ley apunta a que ninguna empresa petrolera argentina o con sede en el país convalide la expoliación que realiza el gobierno británico y empresas de ese origen sobre las riquezas de Malvinas.

Para Pinedo, sin embargo, la norma "perjudica el interés nacional" y el gobierno está analizando" su impacto, con el no declarado objetivo –aún– de derogarla.
De hecho, el propio senador macrista recordó que votó "en contra de esa ley porque perjudica el interés nacional" y destacó que "el gobierno la está analizando", aunque aclaró que cualquier modificación de la norma es "un tema del Congreso".