El CELS denunció el indebido ''uso de la fuerza'' de la policía tucumana
El Centro de Estudios Legales y Sociales, que conduce Horacio Verbitsky, difundió un comunicado en el que indicó que la policía que está a cargo del gobierno provincial "llevó adelante un operativo violento, descontrolado y sin profesionalidad".
Bajo el título "Grave represión de la protesta en Tucumán" el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado sobre los episodios sucedidos el lunes por la noche en la plaza Independencia en la capital de la Provincia, en el que denunció que "los funcionarios policiales emplearon escopetas con balas de goma, muchos disparos fueron hechos de manera directa al cuerpo de los manifestantes en contradicción con las normativas sobre uso de la fuerza".
"Como resultado, hay decenas de heridos por proyectiles policiales. Además, se lanzaron gases lacrimógenos, la policía montada golpeó a personas que estaban manifestándose y policías de civil sin identificación realizaron detenciones, muchas de ellas con violencia", continúa el escrito.
Al respecto, el CELS señaló al gobernador, José Alperovich, por estar a cargo del gobierno de la policía provincial, al tiempo que alertó sobre los "importantes niveles de autonomía y capacidad de extorsión" de la fuerza.
"Hoy el gobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich, declaró que está en desacuerdo con la represión y que la justicia está investigando las responsabilidades. Sin embargo, él es quien está a cargo del gobierno de la policía provincial que llevó adelante un operativo violento, descontrolado y sin profesionalidad. Este operativo estuvo a cargo de una fuerza que ya mostró importantes niveles de autonomía y capacidad de extorsión, sin que fuera reformada", indica el organismo que conduce el periodista y abogado Horacio Verbitsky.
"Los preocupantes intentos de desestabilizar el proceso electoral y deslegitimar su resultado no pueden justificar una actuación policial como la ocurrida. Por el contrario, las autoridades deben encontrar formas de canalizar el conflicto político, garantizar la protección del ejercicio del derecho a la protesta y la integridad física de todas las personas involucradas", concluye el texto.