Este martes, otro empresario pidió ser un imputado colaborador en la causa judicial que se disparó con los cuadernos fotocopiados de Centeno, que llevan adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

Se trata de Gabriel Benjamín Romero, dueño del grupo EMEPA, una de cuyas firmas es Hidrovía SA, allanada el mes pasado por el magistrado que busca hacer un show mediático cotidiano de la pesquisa. Explosivos títulos que buscan ocultar el descalabro económico.

Romero viene a sumarse así a la larga lista de ejecutivos que se presentan ante Bonadio como si fuera un sacerdote confesor en lugar de un juez: buscando perdón divino; y el magistrado actúa como tal: penando con padrenuestros en lugar de justicia... 

Más allá de la evidente cobardía y la evaluación moral que se tenga de los arrepentidos (en cualquier barrio del conurbano son estigmatizados como buchones), los imputados colaboradores –como se los llama– ya son legión en la causa que lleva adelante Bonadio.

Pero no se sabe aún quién de todos los investigados será el último en la lista de delatores que buscan salvar el pellejo porque la propia dinámica de la causa llevará, casi con seguridad, a que toda o casi toda la "patria contratista" aparezca en la picota mediática y judicial.

Incluso la vinculada al macrismo. O mejor dicho: la de la familia Macri. Ya es de público conocimiento que Ángelo Calcaterra , mano derecha de Franco Macri en la rama de la construcción de su imperio, es otro de los colaboradores judicial. A cambio de su libertad, off course.

Vale advertir, finalmente, que el primo hermano del Presidente fue usado como interpósita persona por la familia presidencial para poder seguir haciendo negocios públicos cuando Mauricio decidió –para disgusto de su padre– hacer política. O mejores negocios por otros medios.