El juez Claudio Bonadio ordenó anoche las detenciones de los ex funcionarios Claudio Uberti y José María Olazagasti y los empresarios Juan Carlos Lascurain y Raúl Vertúa, como parte de la investigación por los cuadernos de las supuestas coimas durante la gestión anterior. 

El ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Lascurain y el contratista de obra pública Vertúa se encontraban detenidos ya entrada la noche de este viernes, mientras aún eran buscados el exfuncionario del Ministerio de Planificación Uberti y el exsecretario privado de Julio De Vido, Olazagasti, en el marco de allanamientos de la Policía Federal realizados para ese fin, supo NA.

Lascurain se había presentado el jueves en los tribunales de Comodoro Py para ser indagado a raíz de la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno y protagonizó una bochornosa pelea a golpes con camarógrafos y periodistas al retirarse del lugar. 

El hombre de la UIA había sido detenido a principios de años por haber recibido un adelanto de una obra en Río Turbio que nunca empezó pero luego había sido liberado.

Por su parte Uberti, cuyo nombre se hizo conocido en 2007 cuando se supo que compartió el vuelo con el empresario venezolano Guido Antonini Wilson en el que este intentó ingresar a la Argentina con dos valijas con 800 mil dólares, se habría complicado a partir de la declaración de Luis Betnaza, director de Techint.

Esto mismo, ocurrió en el caso de Olazagasti, quien junto a Uberti fue nombrado por Betnaza como uno de los ex funcionarios de Planificación Federal que encaraban una suerte de "embajada paralela" con Venezuela, quienes le pidieron coimas para que el gobierno argentino de ese momento intercediera ante Hugo Chávez por la complicada situación de las empresas que el grupo tenía en ese país.

Por su parte, Vertúa, estuvo días atrás ante Bonadio para brindar testimonio en el marco de la causa por el pago de coimas durante la gestión del kirchnerismo, ya que su empresa abandonó la obra del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), por la que habría cobrado 733 millones de pesos.

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