La denuncia alcanza a José Luis Sureda, secretario de Recursos Hidrocarburíferos; Pablo Popik subsecretario de Refinación y Comercialización, y Luis Barile, director nacional de Gas Licuado de Petróleo, según se desglosa de la denuncia a la que accedió el sitió Ámbito.com.

Carrió reclamó que se "determine si los nombrados, en el ejercicio de sus funciones pudieron haber intervenido sea mediante la suscripción de resoluciones y/o mediante gestiones y/o habiéndose interesado en operaciones vinculadas a empresas de los que fueron parte, hasta antes de asumir la función pública; afectando la 'imparcialidad' y 'fidelidad' en el desempeño de sus funciones". 

La diputada por la CC-Ari, justificó la iniciativa en los "cargos jerárquicos" que ocuparon en las principales petroleras del país, para ver si ello implica que tuvieron "negocios incompatibles". 

En el informe presentado, la legisladora afirma haber detectado que los funcionarios suscribieron dos resoluciones, del 7 de junio y el 2 de agosto pasados, que "habrían beneficiado directa y/o indirectamente a tres empresas: Pan American Energy (PAE) y Panamerican Sur S.A., eximiéndolas de sus respectivos aportes de fluidos previstos desde el año 2005, en beneficio de las garrafas sociales que se distribuyen en el mercado a menor valor", mientras que a la firma Refinol S.A. le "habrían reducido sustancialmente la carga que tenía impuesta a los mismos fines". Los aportes que las dos primeras debían realizar, los habría cubierto la estatal ENARSA, completó. 

La denuncia se presentó en la Cámara Federal y por sorteo recayó con el número de causa 16.819/2016, en el juzgado federal N° 11, del juez Claudio Bonadio.

Además, la diputada del frente Cambiemos reveló que PAE y Panamerican Sur habrían "argumentado" como fundamento a la eliminación de su aporte, la discontinuidad en la producción de gas licuado petróleo, lo que las había hecho cesar en sendas calidades de productoras. En tanto, que el argumento para reducir los aportes de Refinol habría sido las "alteraciones en la calidad de gas proveniente de Bolivia". 

"Lo cierto es que estos posibles 'beneficios' a las empresas mencionadas antes, habrían derivado de actos administrativos en los que están directamente interesados los denunciados y en cuyas gestiones no sólo se han interesado, sino que han participado. Esto más allá de quien pudiera haber plasmado la rúbrica final de ellos", remarcó la legisladora.

Carrió recomendó al juez Bonadio que requiera al ministerio de Aranguren el expediente S-1 0043399/2016 y todos los contratos con PAE, Panamerican Sur y Refinos y que los cite a declarar. Pero además, propuso que la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, aporte"toda actuación administrativa que pudiera involucrar a los denunciados".