Cada vez son más los testimonios y las pruebas que demuestran que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un plan sistemático montado para armar causas y espiar a dirigentes políticos de todo el arco opositor, con especial foco en Cristina Kirchner y los principales referentes del kirchnerismo.

Ahora el exmiembro de la Cámara Federal porteña Jorge Ballestero, denunció ante la Justicia que durante el macrismo hubo "un plan sistemático, clandestino y criminal dispuesto por las máximas autoridades del país".

"Cada persona que le hacía algo al gobierno anterior que podía disgustarle, era atacada. A mí en seis meses me pusieron siete stents. La situación familiar se volvió difícil y yo preferí cortar por lo sano y lo sano es la salud", dijo Ballestero.

Entrevistado por Irina Hauser en la AM750, el exjuez contó que debió presentar su renuncia en 2018 por las presiones que sufrió de parte del gobierno de Cambiemos. 

"La verdad es que mi situación se volvió insostenible. Es la prensa, la persecución. Puedo no hablar de mi caso. Podemos recordar cómo fueron perseguidas la doctora (María del Carmen) Falbo, la doctora (Alejandra) Gils Carbó, la doctora (Gabriela) Boquin y el doctor (Eduardo) Freiler", añadió.

"Si yo le dijera que hay un plan sistemático, clandestino y criminal dispuesto por las máximas autoridades del país, ¿usted qué diría? Sí, es esto. Bueno, eso es lo que pasó en la causa 13 cuando se juzgó a los miembros de la Junta Militar. Y si usted empieza a ver, es más o menos lo mismo", dijo. 

Ballestero además hoy representa a Alberto Pérez, uno de los perseguidos por la "Gestapo antisindical", el video en el que se vio claramente cómo el gobierno de Vidal trabajaba en conjunto con empresarios, jueves y miembros de la AFI para perseguir opositores. 

"En el caso particular de Pérez, le habían hecho un seguimiento desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con pedidos de informes de Nosis (patrimoniales). Han seguido a más de 1500 personas que le pedían Nosis aparentemente sin orden judicial o amañadas por algún magistrado, fiscal o juez que habrá de determinarse. Ya sabemos que en el juzgado de garantías 1 procesaron a Guillermo Berra, que era un funcionario de la policía de la provincia, y a su pareja por hechos similares. Hacían inteligencia paraestatal, una cosa grotesca", señaló.

"El caso concreto de Alberto Pérez es lo que escenifica perfectamente lo que estaban haciendo las máximas autoridades de la provincia de Buenos Aires, que es lo que hicieron también con la UOCRA, con otros magistrados que no se acomodaban a los intereses de la gobernadora o con funcionarios de la provincia. Esto es lo que presentamos y pedimos que se investigue. Además, con la participación de los funcionarios nacionales. Es donde se van atando las dos mesas judiciales que tanto se habla. La mesa judicial que se vio escandalosamente en el Banco Provincia, un prófugo en Uruguay (Fabián "Pepín" Rodríguez Simón) y un futuro senador cuando jure (José Torello) y otros personajes", sostuvo.