La palabra expropiación provocó un impacto de temor e ira en un sector de la población como si se hubiera tocado un tema cuya sola mención es totalmente inaceptable. Posiblemente así hubiera reaccionado la sociedad en la Edad Media ante la idea de admitir la posibilidad de que alguien se pronuncie como ateo sin merecer el escarnio público. Es que la propiedad privada sin ningún margen para su limitación tiene el carácter de verdad revelada para ese sector.
No importa que se haya vertido la palabra en el contexto de la estafa perpetrada por los dueños y administradores de Vicentín, una empresa que tras obtener grandes ganancias en años anteriores se presenta en convocatoria de acreedores tras realizar múltiples maniobras para licuar su patrimonio. Entre esos acreedores hay centenas de productores rurales que entregaron su cosecha sin recibir el pago correspondiente, también acreedores financieros, especialmente el Banco Nación con cifras millonarias, los trabajadores de la firma, el fisco y una multitud de proveedores. Ni estas circunstancias ni el hecho de que la empresa eludió impuestos, subfacturó y que sus dueños fugaron capitales atenúan la indignación ante la posibilidad de que se atente contra la sacrosanta propiedad privada. 
Sin embargo si se quiere avanzar en el propósito repetidamente enunciado por el gobierno de construir una sociedad más justa y menos desigual es necesario enfrentar el tema del alcance de la propiedad privada, más allá del caso Vicentín.
Veamos diferentes opciones entre las cuales se podrá seleccionar una, o más seguramente una combinación entre ellas.
Una primera opción es la propiedad social por la cual los trabajadores de la empresa tienen una parte de la propiedad de la misma e intervienen en la dirección de la misma.
Otra opción es la que Piketty denomina propiedad temporal. En esta alternativa los propietarios más ricos devuelven periódicamente a la sociedad una parte de su patrimonio (por ejemplo a través de un impuesto progresivo sobre la riqueza) para evitar una desmedida concentración del capital y del poder económico.
Una tercera opción es la propiedad pública en la cual el Estado Nacional, provincial o municipal o una agencia controlada por el Estado se hace cargo de la empresa reemplazando a los propietarios con o sin indemnización.
Por supuesto cualquiera de estas opciones erizará la piel de los adoradores de la propiedad privada sin restricciones pero es bueno puntualizar que en forma conjunta y con distintos niveles de profundidad se establecieron en diferentes países sin que se produjeran descalabros sociales ni se afectara el desarrollo económico de la mayoría de ellos.
De la primera opción se cuenta con interesantes experiencias 
En Alemania Occidental se introdujo la cogestión por ley en 1951 en las industrias del acero y el carbón por la cual la mitad de los puestos en los consejos de administración debían ser  ocupados por los trabajadores y al año siguiente se extendió a las grandes empresas de todas las ramas,  pero con la asignación a los trabajadores de un tercio de los puestos del directorio. Los empresarios inicialmente se opusieron a estas leyes pero hoy son mayoritariamente aceptadas. En Suecia una ley de 1974 dispuso que un tercio de los directorios de las empresas con más de 25 empleados sean ocupados por los trabajadores. Con ligeras variantes se promulgaron leyes similares en Dinamarca, Austria y Noruega. En ninguno de esos países hay indicios de que la dirección compartida haya afectado negativamente la productividad de las empresas y sí sirvieron para hacer más justas las retribuciones entre accionistas y trabajadores.    
La opción de propiedad temporal es una forma de mostrar más esclarecedoramente  el impuesto progresivo a la riqueza (no de única vez sino de carácter permanente y liquidación anual) con tasas crecientes en las escalas más altas. Conjuntamente con ello se suele proponer  un impuesto a la herencia también progresivo para las fortunas más considerables. De esta forma se atenúa la diferencia abismal en cuanto a la igualdad de oportunidades porque, como bien ha dicho Alberto Fernández, hoy el más necio de los ricos tiene más chaces de triunfar que el más inteligente de los pobres.   
Con relación a la tercera opción, que es la propiedad pública, hay muy extensa experiencia tanto en la Argentina como en el resto del mundo. En prácticamente todos los países existen empresas del Estado bajo diferentes características, con o sin participación de los trabajadores y/o los usuarios. En las ramas de la energía, el transporte, las comunicaciones, el petróleo se encuentran los casos más frecuentes, pero su aplicación se extendió a muchas otras actividades, desde la automovilística, la comercialización, los medios de comunicación, etc. Las experiencias han sido diversas, con casos de mal servicio, niveles muy bajo de productividad, desmanejo financiero, y otros casos de buena administración, gestión eficiente y buena prestación de servicios. En verdad lo mismo puede decirse de la actividad privada con ejemplos tan malos como algunas empresas públicas y otros realmente exitosos. Solo una visión sesgada por la ideología podría afirmar que siempre el Estado es un mal administrador y los privados son mejores. Visentín, disparador de estas reflexiones, es un claro ejemplo.
El ejemplo paradigmático de esta opción fue la fallida experiencia de la Unión Soviética que merece un análisis más pormenorizado para entender lo complejo del tema si se quiere abordar seriamente. Cabe aclarar que la propiedad pública se dio en prácticamente en todo el ámbito industrial, comercial y financiero, el capital de las empresas y el manejo de las mismas era del Estado. En el campo la situación era distinta ya que lo mayoritario era la granja colectiva o “kolkhoz” que era una cooperativa que poseía  los medios de producción y el manejo administrativo (si bien la tierra era del Estado éste se la daba en usufructo permanente a la granja).A primera vista parecería que lo más alejado del capitalismo es lo aplicado a la industria sin embargo la relación entre el capital y el trabajo no se modificó, solo cambió la propiedad del capital pero los beneficios y la dirección seguían siendo del capital, mientras que en el régimen de los “kolkhoz” ambos pasaron a los trabajadores. 
Como se ve el tema es complejo y lleno de matices, pero si se quiere realmente solucionar el tema de la pobreza y la desigualdad (que es su causante) debe ser encarado para poder llevar a la práctica algunas de las soluciones urgentes y más necesarias que nunca debido a la pandemia que asola al país y al mundo. Requerirá un debate amplio sin prejuicios y con mente abierta. Las posiciones dogmáticas como “la propiedad no admite limitaciones ni regulaciones de ningún tipo, no tiene cabida en la discusión el tema de la utilidad social” o como “todo debe pasar a manos del Estado o de los trabajadores sin derecho a indemnización alguna” no contribuirán a encontrar una alternativa factible y superadora.