Si queremos que el narcotráfico desaparezca, tal vez debamos cambiar el paradigma que rige desde hace cuatro décadas el orden mundial en la materia y en vez de declararle la “guerra a las drogas”, podríamos empezar por entender que esto es un enorme negocio al que sólo se lo elimina pisándole la manguera de las suculentas ganancias que genera.

Sin embargo, la realidad que pone en evidencia un relevamiento efectuado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) demuestra que nuestro sistema judicial prefiere seguir persiguiendo consumidores antes que apuntar su accionar contra el verdadero negocio, que es la comercialización a gran escala y el tráfico de sustancias.

A pesar de que los juzgados ocupan la mayor parte de sus recursos en infracciones a la ley de estupefacientes en comparación con otros delitos, sólo en el tres por ciento de las causas judiciales sobre drogas se investiga el contrabando propiamente dicho.

Un ejemplo lo explica mejor. En la provincia de Buenos Aires aumentaron un 200 por ciento las causas por tenencia de droga para autoconsumo, mientras que se redujeron sensiblemente las investigaciones más complejas destinadas a desbaratar el crimen organizado y sus consecuencias sociales.

A nivel nacional, el mapa descripto por la Procunar reproduce esta proyección y la traduce en estadística. El 38 por ciento de las causas de drogas apuntan a perseguir la tenencia para consumo personal y solamente el 3 por ciento tiene en la mira a los que contrabandean las sustancias.

Desde el histórico fallo de la Corte conocido como “Arriola” dictaminado en 2009 en el que se declaró la inconstitucionalidad del castigo penal por tenencia de droga para consumo personal, es frecuente escuchar a funcionarios y especialistas afirmar que ya nadie detiene a un pibe por tener un porro en su pantalón. Y mucho menos se lo procesa.

Pero lamentablemente no es así. Las policías –sobre todo las provinciales- continúan realizando detenciones por tenencia, justificándolas en que prevalece la duda sobre cuál va a ser el destino de esa droga, y abriendo expedientes judiciales, con todo lo que ello representa en materia de proceso burocrático. Todo ello aún sabiendo que la mayoría de estas personas terminará absuelta por la jurisprudencia que sentó el mencionado fallo del Supremo Tribunal.

Y esto también tiene su explicación que se traduce en estadística. En casi el 80 por ciento de los procedimientos son las fuerzas de seguridad –y no la justicia- las que seleccionan a quien persiguen, atrapan y denuncian para iniciarle una causa de drogas.

Eso se traduce en mayor cantidad de detenciones que nutren las estadísticas de las comisarías, un incremento ostensible de la población carcelaria y un alto grado de estigmatización para estos detenidos, en su mayoría jóvenes, pobres y sin antecedentes.

Para los especialistas esta problemática está originada en la decisión de desfederalizar las investigaciones, algo que ocurre en territorio bonaerense, en Córdoba y en Salta. Por ley, en esos lugares, en los casos de drogas de menor cuantía, las investigaciones están en manos exclusivamente de la policía y la justicia locales.

Según la Procunar, esta medida significó lisa y llanamente que se apuntaran los cañones contra los más débiles y se generara una gran incertidumbre por la competencia para investigar ya que la ley que la propulsó no prevé mecanismos de interacción entre la Justicia provincial y la federal nacional.

La frutilla del postre es que, en este contexto, nunca disminuyó el consumo de drogas, lo que supuestamente debería ser el objetivo prioritario de toda política.