Como se sabe, el oficialismo logró bloquear este lunes que el proyecto de reforma al impuesto a las Ganancias, que llegó al Senado con media sanción de la cámara baja, sea tratado en la sesión del martes. El dictamen de comisión logró apenas cuatro firmas, insuficientes para llevarlo al recinto.

Para evitar pagar el costo político que significaría el veto de Mauricio Macri si la cámara alta lo sanciona, el oficialismo utilizó una nueva estrategia: amenazar a los gobernadores, propios y ajenos –en su mayoría peronistas–, con descontarles los 130.000 millones de pesos que dejaría de recaudar el Estado al subir el mínimo no imponible.

La extorsión surtió efecto: "Mañana no se va a tratar el proyecto", anunció el senador Juan Manuel Abal Medina (FpV), uno de los firmantes del frustrado dictamen, añadiendo que "sigue abierta la discusión" entre los bloques mayoritarios.

Lo que no está en discusión, al menos entre esos bloques mayoritarios, es el carácter, la naturaleza de ese impuesto que en algún momento se denominó "progresivo". La inflación de años y la no actualización de las escalas del tributo, pulverizaron toda su presunta progresividad.

Teniendo en cuenta que pagan Ganancias asalariados que ganan 17 o 18.000 pesos mensuales, cuando en la Argentina es pobre una familia cuyos ingresos están por debajo de los 14.000 (siempre y cuando sea propietaria de una vivienda), de lo que estamos hablando es de un impuesto al salario, a los ingresos familiares equiparable al IVA o cualquier otro de similar naturaleza.

Eso no se discutió en Diputados cuando la cámara baja aprobó el proyecto que ahora tiene en manos el Senado ni lo discuten los senadores cuando se habla del "lucro cesante" que representaría subir un poco, siquiera un poco el mínimo no imponible. Mientras el Gobierno, aclarémoslo, había presentado un proyecto que implicaba medio millón más de trabajadores incluidos en el tributo para 2017.

Hablamos, por cierto, del mismo Gobierno y los mismos senadores –al menos los macristas y de Cambiemos– que no levantaron la mano indignada ni la voz exaltada cuando, en menos de un año, Macri condonó deudas a las compañías eléctricas por 19.000 millones y les aumentó los subsidios y quitó y/o bajó retenciones al sector minero y rural, entre otros desaguisados.

En el mismo sentido, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) evaluó que las exenciones impositivas para el año próximo previstas en el Presupuesto, serán un verdadero récord: 314.932 millones de pesos, algo así como el un 3,23 por ciento del PIB. ¿Beneficiarios? Poder Judicial, minería, educación privada, etc.

Y con tal de no amainar la presión tributaria sobre los trabajadores, el Presidente dice ahora que no quiere desfinanciar al Estado...