La marcha del silencio obligó a Nancy a cambiar la fecha de su pedido de justicia: "Mi hijo era un trabajador, no encajaba con la protesta de los fiscales", aclaró de entrada la mamá del joven de 24 años que había ido con su novia a ver el show de La Renga, y que terminó flotando en el lago de Embalse, con claras señas de golpes y torturas en su cuerpo.

Pero como la bronca se escucha entre sus palabras, el pedido de justicia existirá igual: será este jueves desde las 19, en el Obelisco del microcentro porteño.

Las versiones de los testigos desmintieron al primer abogado que la justicia le había asignado a la mamá de Ismael, por eso la familia requirió una segunda autopsia y buscó un nuevo representante legal.

"El abogado anterior y lo que está haciendo el fiscal no me dejaron conforme. Tres días antes de la autopsia, el abogado ya había salido a decir que mi hijo se ahogó y que estaba intoxicado. Cuando cambié de abogado se acabó su conferencia, de golpe se quedó en silencio", relató sobre la íntima relación entre la justicia y la policía cordobesa.

Nancy también reconoció que el primer abogado tampoco quiso recibir ni pedir declaración a los testigos que se habían acercado a la familia, los que vieron la brutal paliza que los oficiales le propinaron a Ismael, luego de sacarlo de la fila de ingreso al predio del concierto.

"Me dijo que ya tenía sus testigos, que eran todos policías y bomberos, todos los que trabajan con el gobernador", aseguró Nancy y dejó en claro el accionar de la policía provincial.

Hace algunos días, los testigos contaron sobre supuestas amenazas que los intimidaron a la hora de declarar, pero ya le confirmaron a Nancy que contarán su versión ante la Justicia.

"Yo tengo a las personas que los vieron y ni siquiera los conozco. primero estaban amenazados y tenían miedo, pero ahora me dijeron que van a declarar para no alimentar a la corrupción", adelantó.

La manifestación de este jueves busca dejar en claro que el abuso policial en el territorio gobernado por José Manuel De la Sota, es moneda corriente, con explicaciones del tipo "los pibes se querían colar”, que había “inadaptados” y que los uniformados tuvieron que emplear “la fuerza mínima necesaria para restablecer el orden”.

Ojalá la familia de Ismael encuentre la justicia que busca y que la cifra de 4.321 pibes asesinados -según la Coordinadora contra la Represión policial e institucional (CORREPI)- por el aparato represivo policial desde 1983, no se siga incrementando.