El juez Thomas Griesa pretendía extender la demanda colectiva de tenedores de deuda impaga de 2002 a cualquier inversor que tuviera esos papeles, lo que fue calificado por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito como inapropiado.

Además, acordó devolver la demanda a Griesa para realizar audiencias probatorias sobre los daños asociados al caso y le pidió que defina qué tenedores de deuda sufrieron daños y cuáles son esos daños es "exasperante", según expresaba la medida tomada por Griesa.