Los datos, actualizados al 18 de marzo, no incluyen las últimas sentencias al ex alférez Angel Pezzeta, condenado en La Rioja por el asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, y la reciente al ex comisario Agustín Echeverría, en Formosa, por tormentos.

El informe registra que en los últimos nueve años se dictaron 136 fallos, de los cuales 31 están firmes, con un total de 613 sentenciados, de los cuales 50 fueron absueltos.
Sobre la cantidad de imputados detenidos, se contabilizan 970, con la mayoría (57%) alojada en unidades penitenciarias, el 40% en domicilios, el 1,5% en dependencias de las fuerzas de seguridad y el resto en hospitales.
Según el registro, existen en el país 456 expedientes en trámite, excluyendo las acumuladas a una misma investigación, y 120 causas a las puertas del juicio oral, con 889 procesados.
En tanto, la cantidad de prófugos hasta el momento suman 45, 2 de ellos fugados luego de ser condenados.
El relevamiento realizado por la Procuraduría que encabeza el fiscal Jorge Auat, y coordina Carolina Varsky, en base a los informes remitidos por los fiscales de todo el país se enmarca en la preocupación manifestada por fallos adversos que benefician a civiles imputados a los crímenes cometidos por el Terrorismo de Estado.
A propósito, la semana pasada, la Procuraduría encabezó una reunión de fiscales que resolvieron convocar a querellantes y organizaciones de derechos humanos para buscar respuesta a las demandas en distintos puntos del país.

Los datos, actualizados al 18 de marzo, no incluyen las últimas sentencias al ex alférez Angel Pezzeta, condenado en La Rioja por el asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, y la reciente al ex comisario Agustín Echeverría, en Formosa, por tormentos.

El informe registra que en los últimos nueve años se dictaron 136 fallos, de los cuales 31 están firmes, con un total de 613 sentenciados, de los cuales 50 fueron absueltos.

Sobre la cantidad de imputados detenidos, se contabilizan 970, con la mayoría (57%) alojada en unidades penitenciarias, el 40% en domicilios, el 1,5% en dependencias de las fuerzas de seguridad y el resto en hospitales.

Según el registro, existen en el país 456 expedientes en trámite, excluyendo las acumuladas a una misma investigación, y 120 causas a las puertas del juicio oral, con 889 procesados.

En tanto, la cantidad de prófugos hasta el momento suman 45, 2 de ellos fugados luego de ser condenados.

El relevamiento realizado por la Procuraduría que encabeza el fiscal Jorge Auat, y coordina Carolina Varsky, en base a los informes remitidos por los fiscales de todo el país se enmarca en la preocupación manifestada por fallos adversos que benefician a civiles imputados a los crímenes cometidos por el Terrorismo de Estado.

A propósito, la semana pasada, la Procuraduría encabezó una reunión de fiscales que resolvieron convocar a querellantes y organizaciones de derechos humanos para buscar respuesta a las demandas en distintos puntos del país.

Por su parte, el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y la agencia Télam firmaron convenios para la elaboración de contenidos audiovisuales que contribuyan a la formación de una "memoria social condenatoria" de las violaciones de derechos humanos cometidas por la última dictadura.

"La memoria tiene una gran significación para enfrentar los instrumentos del poder económico que seguramente va a intentar desestabilizar a un gobierno de tinte popular, con justicia social, soberanía política e independencia económica", reflexionó el ministro de Justicia, Julio Alak, durante la firma de los convenios, en el cine Gaumont, del barrio porteño de Congreso.

Junto al ministro, sobre el escenario, estuvieron el vicepresidente del INCAA, Gianni Buono; la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Florencia Carignano; Verónica Torras, del Programa Memoria en Movimiento de la secretaría de Comunicación Pública; y el vicepresidente de Télam, Santiago Aragón.

La ceremonia se inició con la proyección de un video que hizo un repaso por la historia argentina desde el inicio de la dictadura hasta la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, durante el gobierno de Néstor Kirchner, lo que marcó "un camino sin vuelta atrás" y la instauración del 24 de marzo como el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Se trata del primer spot audiovisual conmemorativo de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad -realizado por los organismos firmantes- y que será proyectado por la Televisión Pública.