El discurso de odio hacia los residentes extranjeros en nuestro país está calando hondo en la sociedad, de la mano de varios referentes políticos y, aunque suene lejano, la victoria en los Estados Unidos del discurso xenófobo y anti inmigrantes de Donald Trump también aporta su cuota de argumentación.

Lo cierto es que una semana atrás, Anses y Migraciones firmaron un acuerdo con la excusa de “verificar la residencia” de todos aquellos beneficiarios de prestaciones sociales. Sin embargo, la primera consecuencia fue congelar los haberes de todos hasta que se complete el entrecruzamiento de datos, una tarea sin fecha de finalización estipulada.

Mientras tanto, miles de jubilados extranjeros no pueden percibir sus asignaciones, en lo que es una grave avance contra un derecho fundamental, para las personas nacidas en otros países que trabajaron toda su vida y que necesitan de ese sustento.

La idea de esta política que discrimina a los mayores sólo por su país de origen se sostiene en la instalación de ese discurso prejuicioso hacia los inmigrantes, intentando arrastrarlos hasta la responsabilidad de las problemáticas sociales, incluso señalándolos como enemigos.

El caso de Dora 

La Izquierda Diario contó el drama de una ciudadana nacida en Paraguay -llegó  la Argentina escapando de la dictadura Stroessner en 1982- pero que lleva 34 años ininterrumpidos en el barrio de La Boca: con 70 años, Dora Franco intentó recibir el beneficio reglamentado por la "ley de reparación histórica", que alcanza a los mayores de 65 años que no cuenten con una prestación previsional contributiva, aunque no pudo hacerlo por su condición de extranjera.

Durante 34 años, Dora trabajó como empleada doméstica en casas de familia, siempre en condiciones no formales. A pesar de que el macrismo anunció esta ley a los cuatro vientos con orgullo, la mujer no puede acceder a una suma que retribuya el trabajo de toda una vida.