La Ley 27.204, que fue sancionada por el Congreso Nacional en octubre de 2015, estableció- entre otras cuestiones-  la responsabilidad del Estado en la Educación Superior considerándola un "bien público" y un "derecho humano". 

El objeto de esta ley era modificar la número 24.521 de Educación Superior que fue aprobada, tras una larga polémica, durante el menemismo  cuyo texto dejaba abierta la posibilidad de la mercantilización de los altos estudios.

Sin embargo,  el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, Pablo Cayssials, que benefició al Grupo Clarín en la implementación de la ley de medios, acaba de declarar inconstitucional  la Ley 27.204 por considerar "que viola la autonomía universitaria". 

La decisión fue tomada a fines de marzo, sin rechazo del nuevo Gobierno –aunque recién se dio a conocer – haciendo lugar a un recurso de amparo de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) contra el Estado nacional y declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley 27.204 que disponen el acceso libre e irrestricto.

Cayssials se opuso al artículo 2, inciso “a”, que garantiza “la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso”; y el artículo 4, que, entre otras cosas, establece que “todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior”. Para él, estos artículos violarían no sólo la autonomía universitaria, que permite instaurar “sistemas de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes” sino también lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

“Si bien la enseñanza secundaria debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, la enseñanza superior ‘debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno’”, subrayó el juez que ya recibió un fuerte repudio de la  Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. 

Fuente: Contexto.