El juez Víctor Rougés tomó la decisión sobre los efectivos imputados por sedición y otros delitos cometidos durante las protestas de las fuerzas de seguridad el 9, 10 y 11 de diciembre pasados.

Según los fiscales Adriana Gianonni y Diego López Ávila, hay todo tipo de pruebas que demuestran la participación de estos policías en el fogoneo de los desmanes.

“Nos encontramos ante la comisión de un delito que afectó el poder público y el orden constitucional, atacando los imputados un sistema republicano de gobierno que se vio avasallado y coartado en su decisión desde el momento en que se rubricó el acuerdo que pondría fin a uno de los sucesos más trágicos y tristes que le tocó vivir a la provincia de Tucumán en sus últimos años de historia”, explicaron los investigadores.

Para continuar con episodios lamentables en la provincia, la fiscal Adriana Gianonni recibió amenazas por su trabajo de recolectar pistas en este caso.