Por la inflación, tener auto se volvió casi un privilegio. Y todavía más si se suma que dos empresas, a fuerza de normas que en muchos casos no se entienden, le chupan la sangre a los propietarios cada vez que sus vehículos son acarreados. 

Impedidos por la Justicia de llevar a cabo sus planes, ahora el oficialismo le encontró la vuelta para lograr que los parquímetros finalmente lleguen a todos los barrios porteños, lo que elevará de 4 mil espacios tarifados a 85 mil. 

Pero eso no es todo, para incrementar el negocio se instalarán dos nuevas playas de acarreo en Chacarita y en Colegiales. 

Para sortear a la Justicia, el Ejecutivo porteño envió un nuevo proyecto para modificar la ley 5.728 y así poder inundar de parquímetros la ciudad y las playas para que las grúas hagan su 'trabajo' recaudatorio.

Las grúas son manejadas de manera irregular por las empresas STO (Dakota S.A) y SEC (BRD Sacifi). Entre Ambas facturan más de 18 millones de pesos, sumado a lo que se recauda por hora de cada parquímetro. Al Estado apenas le pagan 100 mil, informó una nota de Página 12. 

El Observatorio del Derecho a la Ciudad aseguró que hay entre diez y catorce mil acarreos mensuales por empresa, que las grúas levantan hasta quinientos cincuenta autos por día y que en menos de nueve horas las dos empresas recuperan el costo del canon que le abonan a la Ciudad.

Como se sabe, desde que el PRO está en el Gobierno el costo del acarreo, ese que cobran por llevar el auto en supuesta infracción pero que es independiente de la multa, se incrementó en un 500 por ciento. 

Como ya informó una nota de Diario Registrado, el dueño de Dakota es el empresario paraguayo Reinaldo Niella, quien tiene  el negocio de los cepos y las grúas en Capital desde 1997, gracias a la adjudicación del entonces intendente Carlos Grosso.

El titular de BRD es Ricardo Chiantore (h), quien tomó la posta de su padre, José Ricardo Chiantore, también muy cercano al expresidente Carlos Menem y allegado a amigos íntimos de Alfredo Yabrán.

Se trata de compañías que operan sin contrato desde 2001 y tienen fuertes vinculaciones políticas. Por otro lado, sus dueños ganan millones y pagan un canon irrisorio porque, encima, la Ciudad paga el salario de los empleados.