Este jueves, el Frente Nacional por la ley Diana Sacayán de Cupo Laboral Travesti Trans presenta en el Congreso el proyecto que busca implementar el 1 por ciento de la planta de la administración pública nacional para personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans.

El texto ingresó el 13 de julio pasado a la Cámara de Diputados impulsado por el colectivo trans y la legisladora Mónica Macha, de Unidad Ciudadana y cuenta con las firmas de más de 40 diputados pertenecientes a seis bloques: Frente para la Victoria, Cambiemos, Evolución Radical, Peronismo para la Victoria, Protectora y Unión Cívica Radical.

La iniciativa es necesaria para un sector de la población históricamente marginado de los derechos humanos más elementales como el trabajo, la salud, la educación y la vivienda. La inserción al mercado laboral de las personas trans es difícil debido a los altos niveles de prejuicio y hasta odio que posee buena parte de la sociedad argentina hacia ellas. Por eso se trata de un reclamo urgente.

"A nivel nacional, según datos de 2014, sólo el 18 por ciento de las personas travestis y trans habían accedido a un trabajo formal. Además, al menos el 80 por ciento está o estuvo en situación de prostitución -como un destino al que conducen las distintas formas de exclusión, que culminan en un promedio de vida de 35 años-. Según datos del INDEC, 7 de cada 10 quiere otra fuente de ingresos", consigna la Agencia Presentes acerca de la situación de vulnerabilidad en que vive la comunidad trans.

“Buscamos que este proyecto de ley se trate en plenario de comisiones, por el carácter urgente que significa que el promedio de vida de las personas travestis y trans sea de 35 años, y por la sentencia histórica por le travesticidio de Diana Sacayán, que da cuenta de un estado de vulnerabilidad”, dijo Say Sacayán, hermano de Diana y activista de MAL (Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación).

Esta iniciativa cuenta con el antecedente de la norma impulsada en la provincia de Buenos Aires por la líder travesti Amancay Diana Sacayán en 2010, que se aprobó en 2015 y sigue sin reglamentarse. A partir de esa sanción, algunos municipios y provincias dieron el visto bueno a reglamentaciones similares.