La situación es alarmante: un juez determina, a pedido de una de las partes, que se le suministre una sustancia tóxica a un paciente solo porque éste la solicita.

El dióxido de cloro fue objetado por el ANMAT ya que no se pudo demostrar que tenga ninguna propiedad benéfica para el organismo y por el contrario, le trae muchas contraindicaciones por su alta toxicidad.

El fallo abre la puerta para una catarata de demandas similares de personas que quieran experimentar con drogas no convencionales y no aprobadas por organismos públicos de control, obligando a los hospitales a suministrarlas.