El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó el país el 21 al 24 de julio de 2008, y tras una revisión realizada este año, presentará sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destacando a la Argentina como "ejemplo mundial en la lucha contra la impunidad".

"El Grupo de Trabajo reconoce que el proceso de enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad en la Argentina ha tenido un desarrollo cuantitativo y cualitativo, siendo un ejemplo mundial en la lucha contra la impunidad, por eso resulta importante continuar con el desarrollo del sistema establecido", afirman los integrantes del Grupo.

El organismo también destaca que nuestro país "ha realizado numerosos avances en materia de desaparición forzada" y subraya especialmente la adopción de la ley que reglamenta el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos".

También se refiere a la incorporación del delito de desaparición forzada como delito autónomo; la creación de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la creación del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos.

En ese sentido, indica que "todos los organismos gubernamentales que se ocupan de cuestiones de derechos humanos y el poder judicial han demostrado un alto nivel de compromiso y profesionalismo para conocer el destino y el paradero de las personas desaparecidas".

En el informe se hace mención especial al encuentro de Estela de Carlotto con su nieto, luego de 36 años de búsqueda. "Este reencuentro demuestra que, con el compromiso, la cooperación y el apoyo a los familiares de los desaparecidos, es posible obtener resultados incluso muchos años después de que una desaparición tiene lugar", indica al respecto el informe.

Tras reclamar celeridad a las instancias judiciales en el enjuiciamiento, lamentando "la fuga de imputados por crímenes de lesa humanidad, lo que requiere un fortalecimiento del monitoreo de los imputados", el Grupo "reitera su satisfacción" por el establecimiento del Programa de Verdad y Justicia, lo que "muestra claramente el compromiso del Gobierno para hacer frente a las cuestiones de las desapariciones forzadas de forma estratégica".