Ya desde su premisa de diferenciar personas honestas de delincuentes arrasa con el principio básico universal, ese que nos iguala a todos ante la ley. Con el aporte del abultado porcentaje asusta a la audiencia e instala esa falsa creencia de que el delito viene desde los países limítrofes. Sin embargo, las cifras demuestran que se trata de una tergiversación discursiva.

Cifras informadas por Migraciones y reproducidas por Infobae, indican que en 2015 nuestro país deportó sólo a dos inmigrantes por haber cometido delitos. En 2016 la cifra trepó a 33 y en 2017 a 65. Sin embargo, entre los últimos dos años, se aprobaron 285 mil radicaciones de extranjeros en nuestro país.

Pero el comentario de Pablo Vilouta no es ingenuo. Según asegura un informe publicado por un medio de la provincia de misiones, esta semana el juez Ernesto Marinelli rechazó un amparo colectivo liderado por el CELS que buscaba impugnar el Decreto 70/2017, diseñado por el macrismo para acelerar la expulsión de inmigrantes acusados de delitos.

El decreto abrió la posibilidad a deportaciones para inmigrantes con tan solo un procesamiento firme, o su equivalente en las Justicias provinciales, es decir, sin siquiera una condena firme. Además de tener en cuenta los delitos graves, aquel DNU admite la deportación con solo la existencia de "antecedentes" que merezcan “penas privativas de la libertad”. 

La norma también limita las vías de reclamo judicial para el denunciado, así como el acceso a la justicia de personas migrantes: cualquier fiscal o juez notifica a la dirección Nacional de Migraciones en cinco días, mientras que el extranjero tiene solo tres para presentar pruebas en su defensa.