Tras el encuentro pautado por el juez en lo contencioso administrativo Gabriel Vegas en la sede de su juzgado, Tacuarí 168, el magistrado informó que este viernes a las 9 de la mañana se comunicará todo cuánto resolvió respecto a la toma.

Hay dos opciones: si toma el camino del desalojo, se deberá definir qué fuerza será la encargada de llevar adelante el acto judicial, si la Policía Federal -titular del terreno-, la Metropolitana o Gendarmería.



Allí se intentará destrabar el conflicto originado tras la ocupación de un predio de siete hectáreas por al menos 900 familias en Villa Lugano.

A la audiencia asistieron abogados defensores de los ocupantes, funcionarios del gobierno porteño, de la Asesoría Tutelar de Menores, la Defensoría el Pueblo de la Nación fiscales y legisladores.

El panorama antes de esta reunión

La mayoría de los ocupantes aún permanece en predio ubicado en Pola y avenida Fernández de la Cruz. Esta mañana, personal del gobierno porteño realizó un censo en el que prometió solución a unos 40 vecinos e inscripción en futuros planes de vivienda.

Manuel, uno de los delegados que participó de un encuentro con el fiscal Vega, dijo que después de hablar durante la madrugada con los vecinos "la gente no aceptó la propuesta" de desalojar el lugar.

La disidencia se debe a que muchas familias "no tienen a dónde ir y porque algunos tienen papeles firmados de otras tomas en las que los acuerdos no se respetaron, nos faltan las tierras", reclamó.

Esta mañana, el juez Vega dijo que la ocupación continuó debido a que hubo "un problema de representación" de los delegados en la toma, y sostuvo que había "un grupo que no quiere entrar en razones" para abandonar el predio.

Ante esa situación, el fiscal de Cámara de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Unrein, dijo que iba a volver a solicitar al juez el desalojo compulsivo. Y lo hizo, tal como lo admitió en declaraciones a la prensa por la tarde.

Las familias que ocupan el predio cercando al Parque Indoamericano desde principios de esta semana, reclaman ahora certificados firmados por autoridades del gobierno de la Ciudad con el compromiso de construcción de viviendas y subsidios de alquiler para llevar a cabo el desalojo de los terrenos.

El juez contravencional porteño Gabriel Vega declaró a las 6.46 que todavía no se podía afirmar que naufragara el acuerdo al que se había arribado en la noche el miércoles, por el cual se había pautado el desalojo del predio a primera hora, aunque.

Como se sabe, la ocupación de los terrenos comenzó el lunes por la noche, cuando decenas de familias de la Villa 20, lindera al predio, comenzaron a ocupar los terrenos de siete hectáreas de extensión, propiedad del gobierno de la Ciudad.

Durante la toma fue asesinado un hombre que presuntamente discutió por los metros de terreno que le pertenecían a cada ocupante, ya que se realizó un loteo y se instalaron carpas.

Recién el miércoles a la mañana y luego de largas dilaciones, intervino el fiscal Carlos Rolero, quien ordenó el desalojo "con el uso de la fuerza pública", pero luego el juez Vegas instó al diálogo entre funcionarios del gobierno porteño y los vecinos, el cual se concretó el miércoles, alcanzando un acuerdo que no convence a los vecinos.