14 meses después de anunciar con bombos y platillos la "reparación histórica" para las obras sociales gremiales, en el marco de un acuerdo con la cúpula reunificada de la CGT, para que las entidades de salud que atienden a los trabajadores alcancen asistencia financiera o fondos para obras de infraestructura.

Esta tregua incluía destrabar $2.700 millones para saldar tratamientos impagos cuyos expedientes estaban pendientes, la constitución de un fondo de emergencia y asistencia por $4.500 millones; la aplicación de $8.000 millones a un plan denominado Cobertura Universal de Salud (CUS, que debería ir a las entidades públicas), y la colocación de otros 15 mil millones de pesos en bonos Bonar 20. 

Según recordó ambito.com, estos fondos se desprendían de 30 mil millones de pesos acumulados en el Fondo Solidario de Redistribución, conformado por aportes al fisco de las obras sociales retenidos para el repago de tratamientos o medicamentos muy costosos.

Desde la central trabajadora admitieron que sólo se pagaron los 2.700 millones de pesos que debían cubrir tratamientos o medicamentos ya otorgados por las obras sociales.

En relación a los 8 mil millones de pesos -con intereses, en la actualidad en $9.300 millones- el Ministerio de Salud todavía negocia la letra chica del acuerdo para la cuestionada cobertura CUS, el plan que a pesar de haber sido anunciado por el Gobierno recientemente, espera por definiciones post elecciones.

José Luis Lingeri, el encargado de esta gestión por la CGT, reconoció en declaraciones a ambito.com que "aún no hay nada concreto y se supone que recién después de las elecciones habrá alguna definición".

Por ahora en la central obrera primaron las posturas de los dirigentes negociadores, sobre quienes plantearon endurecerse y mostrarse conflictivos ante el Gobierno, por lo que esa especie de tregua implícita tiene todavía apoyo entre los líderes sindicales.