Producto de la presión social que ejercieron en su momento familiares y amigos de Luciano Arruga, la causa pasó en 2013 a la Justicia Federal bajo la carátula de "desaparición forzada". Desde ese día a la fecha, ninguno de los ocho policías apuntados, ni ningún otro miembro de las fuerzas que haya prestado funciones la noche del 31 de enero de 2009, fecha en que desapareció Luciano, fue convocado a prestar declaraciones. 

El juzgado federal N° 1 de Morón, actualmente a cargo de Martín Alejandro Ramos y antes de Juan Pablo Salas como juez subrogante, en todos estos años sólo se dedicó a tomar repetidas veces los testimonios de amigos de Luciano y jóvenes que viven en el barrio '12 de Octubre', en Lomas del Mirador, pero ni una vez a los uniformados, presuntos responsables de la muerte de Luciano, que en ese momento tenía 16 años. 

"Cuando denunciamos los diez años de impunidad en el caso de Luciano Arruga, no es porque no se nos ocurre otra cosa. Es porque sabemos que hay una decisión política, que se sostiene gobierno tras gobierno, de que no se sepa lo que pasó con Luciano", dijo la abogada María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). 

Consultada por Diario Registrado, Verdú ratificó su convicción de que  si la Justicia no avanza es porque expondría la complicidad de la dirigencia política con el accionar represivo de la policía. "No podés explicar esta causa sin entender la decisión de amparar la fuerza represiva del Estado", advirtió.

La periodista de La Retaguardia, Rosaura Barletta, una de las mayores especialistas del caso, contó además que los amigos de Arruga, quienes sí han sido convocados a prestar testimonio, "son blanco de hostigamientos y persecución hasta el día de hoy".

Luciano Arruga: desde que la Justicia Federal tiene la causa no le tomaron declaración ni a un solo policía

El 31 de enero de 2009 Luciano Arruga había estado con sus amigos. Cuando volvía a su casa en Lomas del Mirador, en La Matanza, desapareció y no fue vuelto a ver con vida. Cuatro meses antes, el policía Julio Diego Torales lo torturó en el destacamento policial de esa localidad porque se negó a robar para la fuerza.

El cuerpo de Luciano pasó más de 5 años enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita, hasta el 17 de octubre de 2014. Recién ahí se supo que había fallecido en el hospital Santojanni producto de las heridas que sufrió cuando un auto lo atropelló en medio de la General Paz. Según testigos, tal vez forzado, cruzó la peligrosa avenida -la máxima es 80 kilómetros por hora y no hay semáforos- corriendo sin mirar, como si huyera despavorido.

La policía científica que realizó la autopsia en ese entonces lo anotó como una persona de entre 25 y 35 años, cuando en realidad tenía 16; de tez blanca, cuando era morocho; y de mentón normal, cuando la dimensión de su mandíbula era visiblemente más grande lo normal. Cuando a los días de la desaparición familiares de Arruga consultaron en el hospital, les dijeron que allí no había nadie que coincida con su descripción.

"Puedo entender un error administrativo por el que enterraron como NN a Luciano, pero acá vos tenés a la policía Bonaerense, a la Federal, a quienes lo anotan en el Santojanni, a la propia morgue, al juzgado correccional, al cementerio público... Hay una sucesión de hechos por los que que tendrías que llegar a la conclusión de que son todos unos inútiles y no es así", señaló Verdú. 

Poco y nada se avanzó para determinar los responsables de la muerte de Arruga. El único condenado es el policía Torales. Pero no por la desaparición del joven, sino por haber sido el encargado de torturarlo durante varias horas.

La defensa de la familia de Arruga señaló como responsables a ocho efectivos: los subcomisarios Néstor Díaz (seccional 1 de Esteban Echeverría) y Ariel Herrera (seccional 4 de Morón); los subtenientes Oscar Fecter (1 de Lomas de Zamora) y Daniel Alberto Vázquez (2 de Lomas de Zamora); el oficial Martín Monte (destacamento de Pompeya); y los efectivos Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz, de las comisarías 1, 2 y 3 de Morón. 

Si la causa avanza, la Justicia tendría que ir también sobre las responsabilidades políticas. Fernando Espinoza era el intendente de La Matanza; Daniel Scioli, el gobernador de la Provincia; Ricardo Casal, el ministro de Justicia y Seguridad. Pero no se trata de cubrir a una fuerza política, sino más bien a la dirigencia en general. Porque ya entramos en el cuarto año de mandato de Cambiemos y todo sigue como si nada. 

"Con Luciano Arruga, como con Santiago Maldonado, puede pasar que las causas se cierren sin responsables. Si hoy no se cierran es por la presión pública. Es como pasó con (Walter) Bulacio, que logramos justicia 23 años después", comparó Verdú. A diez años de la desaparición de Luciano, el panorama judicial no es alentador.